En sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) tiene agendado discutir el dictamen de la Unidad de Fiscalización sobre los informes de gastos de campaña de los partidos y coaliciones en los comicios de 2012. Sin embargo, se anticipa que por tercera ocasión no sea aprobado, en virtud de que prácticamente ya hay un consenso entre consejeros de postergar su aprobación para el próximo lunes.

La razón: replantear dos criterios centrales que polarizan el debate asociados, por un lado, con la forma de prorratear los gastos no reportados por cada partido o coalición entre las campañas beneficiadas (presidencia, diputados y senadores), así como definir un criterio para la asignación del gasto en aquellos casos en que se hayan realizado elecciones concurrentes en algunos estados.

A una semana de que el Consejo General del IFE se vio obligado por una disposición reglamentaria a postergar el debate ante un empate en la votación de los consejeros electorales sobre la posibilidad de retirar el tema del orden del día, a instancias del consejero presidente, Leonardo Valdés –en ejercicio de sus facultades–, se convocó a una nueva sesión cuyo punto único es la discusión del dictamen sobre los gastos de campaña.

La semana pasada, los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano solicitaron a Valdés postergar el debate, a fin de que no impactara negativamente en la participación de los ciudadanos en los comicios del domingo pasado y para tener mayor tiempo para analizar el voluminoso dictamen, argumentos que encontraron eco en 4 de los 8 consejeros.

A diferencia de la semana pasada, cuando se polarizaron las posiciones de los consejeros, en esta ocasión se perfila que el acuerdo de devolución sea avalado de forma unánime, toda vez que ha sido cabildeado en las oficinas para despresurizar la discusión. Esta vez se proyecta que la prórroga sea para comienzos de la próxima semana, muy probablemente el lunes cuando ahora sí, en el cuarto intento, el IFE debata el fondo de las irregularidades detectadas en la campaña y las sanciones a imponer.

En aquella ocasión se conocía que algunos criterios de la Unidad de Fiscalización polarizaban la posición entre los consejeros, posturas que no llegaron a expresarse al no poder debatir sobre el fondo del asunto. Uno de los puntos centrales es el referido al prorrateo de los gastos no reportados por partido o coalición, que, de acuerdo con algunos consejeros, fue aplicado en el mismo porcentaje en que éstos habían solicitado se hiciera con el gasto reportado.

De acuerdo con el reglamento de fiscalización, en los gastos centralizados de una campaña, 50 por ciento es prorrateado a partes iguales entre las campañas beneficiadas, y el restante 50 por ciento de acuerdo con los porcentajes que disponga cada partido o coalición.

Ante la inconformidad se anticipa que en el debate la alternativa a esta disputa sea replanear este criterio para que sea aplicado el mismo porcentaje de 50 por ciento que se distribuye por reglamento, lo que eliminaría un factor de diferencia entre consejeros.