Mexicana de Aviación dejó de volar hace 35 meses por errores de alta dirección, falta de compromiso con el sector aéreo nacional, el saqueo de la empresa por parte de los accionistas del Nuevo Grupo Aeronáutico (NGA), encabezado por Grupo Posadas, y la inacción de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a sabiendas de que la empresa con una concesión federal tenía problemas financieros.

Y no ha podido regresar a operar porque en un largo y confuso proceso de concurso mercantil se permitió que el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) retuviera en garantía de pago las pocas aeronaves propiedad de la aerolínea, en lugar de dejar que siguieran volando para generar flujo de efectivo; se dejó pasar la venta irregular de acciones a Tenedora K y de forma sistemática la SCT se ha dedicado a poner obstáculos para que los 8 mil 500 trabajadores de Mexicana de Aviación recuperen su fuente de empleo, afirmaron especialistas en el tema.

Se detectó un déficit desde 2008

Uno de los antecedentes de que la SCT tenía conocimiento del manejo financiero de la empresa consta en un acta circunstanciada sobre una inspección realizada por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) a la aerolínea, en la que conoció los estados financieros del primero de enero al 31 de diciembre de 2008, con ingresos reportados por 19 mil 758 millones 254 mil pesos; gastos de operación por 18 mil 615 millones 185 mil; gastos por venta y administración de mil 407 millones 105 mil; gastos por productos financieros de 515 millones 78 mil y otros gastos por 185 millones 321 mil, por lo que la empresa tuvo una pérdida total de 964 millones 435 mil pesos.

En el acta, que forma parte de la defensa que han hecho los trabajadores de la aerolínea, la DGAC reportó que la empresa continúa presentando, como se mencionó en las verificaciones de 2007 y 2008, una relación deficitaria entre su activo y su pasivo; de acuerdo con los estados financieros auditados, contaba con menos de 40 centavos en efectivo para pagar cada peso que adeudaba a corto plazo. Su apalancamiento sigue siendo excesivo, pero la SCT no intervino ante esas irregularidades.

Además, Mexicana no es dueña de su imagen ni de su marca. El 29 de diciembre de 2009, el NGA elaboró un contrato de cesión de derechos que fue avalado el 22 de febrero de 2010 por el notario público Armando Gálvez Pérez Aragón. En el documento, Mexicana se comprometió a transferir al NGA cualquier marca o aviso comercial que tuviera dentro y fuera de México, además de las 213 marcas, 26 avisos comerciales y 10 solicitudes de registro que la empresa ya le había cedido y que el NGA inscribió en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

En el caso de Mexicana de Aviación no hay responsables que rindan cuentas ante la justicia, afirmó el abogado de los trabajadores de tierra, Joaquín Ortega Esquivel. Explicó que este gremio, junto a los pilotos y sobrecargos han tenido que documentar irregularidades y presentar denuncias ante la PGR y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) en defensa de su fuente de empleo.

Héctor Moreno, investigador de la Escuela de Graduados en Administración Pública del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, afirmó que la situación de Mexicana es producto de un proceso largo y planeado de desmantelamiento mediante la creación de (las filiales) Click y Link, y la sustracción de activos por parte de los accionistas, quienes realizaron prácticas empresariales dudosas pero públicas, por lo que la autoridad pudo haber intervenido.

Hasta ahora, dijo, no se ha explicado por qué al estar Mexicana en concurso mercantil Bancomext y Banorte intervinieran bienes básicos, como aviones y dinero producto de ventas de las vacaciones de verano.

En un concurso mercantil hay derecho de prelación, pero antes que Bancomext y Banorte estaban como acreedores los 8 mil 500 trabajadores. En el caso de Bancomext y la SCT hay una inexplicable falta de visión de negocio de autoridades que se dedican al negocio. Son errores que parecen consignas.

La caída en picada de la aerolínea inició el 3 de agosto de 2010, luego de que el director, Manuel Borja Chico, anunció que estaban en una difícil situación financiera ocasionada por los costosos contratos colectivos de trabajo. La empresa buscaba reducir su personal 40 por ciento, y no pretendía el rescate del gobierno federal, aseguró el ejecutivo.

Después tres tiempos han marcado el descenso: la repentina venta de acciones en mil pesos a Tenedora K; la retención en garantía de las aeronaves por Bancomext, junto con el flujo de dinero por ventas en México, mientras que los ingresos por ventas en el extranjero fueron reclamados por Banorte; la aparición de un círculo perverso que consiste en la infructuosa búsqueda de un inversionista que disponga de 250 millones de dólares, y la constante negativa de la SCT a entregar el Certificado de Operador Aéreo (COA).

El 28 de agosto de 2010 Mexicana de Aviación dejó de volar y el 7 de septiembre el entonces juez decimoprimero de distrito en materia civil, Felipe Consuelo Soto, admitió que entrara a concurso mercantil, poniendo bajo resguardo dos de los bienes más preciados de la empresa: las rutas y los slots, que se dieron para explotación temporal a las aerolíneas que hoy dominan el mercado.

Desde entonces han transcurrido más de mil días y por este caso han pasado dos presidentes de la República, tres secretarios de Estado, dos jueces, dos administradores y más de 30 grupos inversionistas interesados, pero sin recursos –según la autoridad–, y los trabajadores han presentado por lo menos cinco denuncias contra los inversionistas encabezados por Gastón Azcárraga, sin que haya resultados.

Hoy los trabajadores están en espera de que la juez Edith Alarcón se pronuncie por la quiebra, decida que algunos inversionistas interesados son capaces de reactivar la aerolínea o conceda a los sindicalizados la oportunidad de que ellos pongan en marcha el plan de negocios que presentaron a la SCT.

La SCT, como desde hace casi tres años, se mantiene a la espera de la decisión de la juzgadora y hasta el momento no se ha fincado responsabilidad legal contra nadie por la situación de la empresa, a pesar del reclamo de los trabajadores.