La Visitaduría de la Procuraduría General de la República (PGR) indaga la contratación de servicios, equipo y sistemas de cómputo que fueron adquiridos como parte del Programa Justicia para Todos, que involucran adquisiciones destinadas a la Policía Federal Ministerial y a la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo), que fueron pagados con recursos de la partida denominada Gastos en Seguridad Nacional y de la Iniciativa Mérida, revelaron funcionarios que participan en el gabinete de seguridad nacional.

El ex gobernador de Tabasco Andrés Granier Melo, preso en el Reclusorio Oriente por fraude y operaciones con recursos de procedencia ilícita, fue trasladado ayer por la noche a la torre médica ubicada en el penal femenil de Tepepan, luego de realizarle una valoración médica, informó la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal. La dependencia informó que ayer la defensa solicitó el cambio, por lo que personal médico de la Secretaría de Salud y de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario capitalinas le realizaron una valoración. En ese nosocomio se encuentra la maestra Elba Esther Gordillo.

Ante presuntas violaciones a sus garantías fundamentales en un retén policiaco de Hidalgo, César Cruz Benítez, presidente de la Organización Ñañú para la Defensa de los Pueblos Indígenas, presentó quejas y denuncias ante autoridades y la comisión estatal de derechos humanos, pero éstas no fueron atendidas porque las formuló en su lengua materna, el ñañú. Ante ello, el activista solicitó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) conozca del caso y asegure sus derechos. Cruz Benítez señaló que su demanda se convirtió en el primer amparo presentado en ñañú, y aunque en principio buscaba reivindicar su derecho de petición a la identidad cultural como integrante de una comunidad indígena, durante el proceso se han presentado graves afectaciones a su derecho de acceso a la justicia en su idioma. Cruz Benítez se enfrentó a la ausencia de peritos y traductores en su lengua originaria y cuando un juez de distrito descubrió que también habla español, sobreseyó el juicio de amparo antes de celebrar la audiencia y determinó que no era necesaria la asignación de un defensor y traductor porque ese derecho sólo corresponde a indígenas monolingües.