La Red Solidaria Década contra la Impunidad exigió a la Procuraduría General de la República (PGR) atraer el caso de ocho activistas de Iguala, Guerrero, desaparecidos desde el 30 de mayo, de los cuales tres fueron ejecutados y se desconoce el paradero de cinco.

En una conferencia en el Centro Nacional de Comunicación Social, informó que el caso ha sido condenado por diversas organizaciones internacionales como Human Rights Watch, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos y Amnistía Internacional, que han hecho la misma demanda a las autoridades federales por la sospecha sobre una posible implicación de autoridades locales en los delitos contra los defensores de derechos humanos.

Los desaparecidos son Arturo Hernández Cardona, Félix Rafael Bandera Román, Ángel Román Ramírez, Héctor Arrollo Delgado, Efraín Amantes Luna, Gregorio Dante Cervantes, Nicolás Mendoza Villa y Jimmy Castejón, todos miembros de la organización Unidad Popular de Iguala. El 3 de junio fueron hallados sin vida los tres primeros en la carretera federal Chilpancingo-Iguala, con huellas de tortura.

El conflicto se inició luego de que varios activistas, entre ellos los tres asesinados, denunciaron penalmente a funcionarios del ayuntamiento, entre ellos el presidente municipal Luis Abarca Velázquez, por el permanente hostigamiento del que eran sujetos desde tiempo atrás.

El 30 de mayo, varias organizaciones realizaron una movilización y bloquearon intermitentemente la carretera México-Acapulco en demanda de obras sociales y de la realización de una audiencia con el gobernador del estado. Se reportó que discutieron con elementos de la Policía Federal para solucionar los cierres y ese mismo día, los ocho manifestantes desaparecieron cuando viajaban en una camioneta que fue encontrada un día después en un corralón de Iguala.

Ante estos hechos, activistas y familiares de las víctimas –acompañados por el obispo de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera López– anunciaron que solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares debido a que han recibido varias amenazas de muerte.

Señalaron que se demanda la atención de la PGR porque hay indicios de complicidad de las autoridades municipales en estos crímenes, además de que la procuraduría de Guerrero no ha sido eficaz en las investigaciones.