s lamentable que en un país que presume de normas laborales avanzadas, la justicia real y cotidiana sea prácticamente nula. Con más frecuencia presenciamos que la movilización y las acciones directas se imponen como vía de solución de conflictos.

Una de las enseñanzas que nos deja la elección sindical en la sección VII-Chiapas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) es precisamente ésta: que debieron movilizarse y acudir a la acción directa para que su voto fuera respetado; si hubieran confiado sólo en las vías institucionales planteadas por la ley estarían todavía esperando. La realidad demuestra que no hay un árbitro confiable para lograr el respeto al estado de derecho.

En otro lado del país, La Jornada Jalisco nos da cuenta cabal de las marchas y protestas realizadas esta semana por más de 3 mil trabajadores de la Secretaría de Salud en ese estado, quienes un buen día fueron informados que deberían presentar su renuncia para pasar a las filas del ejército creciente del submundo precario denominado outsourcing. Ante sus protestas iniciales sólo lograron las respuestas de siempre: Háganle como puedan; si quieren demanden, es su derecho. Los trabajadores entienden que por la vía institucional no llegarían a ninguna parte, se enfrentarían a autoridades laborales sometidas al Ejecutivo que les darían largas, por ello, marchando por las calles y presionando con suspensión de labores, han logrado un mínimo de respeto.

Esta práctica del despido masivo, para luego ser contratados por otra razón social que no reconoce los derechos adquiridos, es denunciada también por los trabajadores de limpieza de la propia Cámara de Diputados; los trasladaron de la empresa Casper a la denominada Claver Servicios, sin antigüedad ni indemnización alguna. El salario que se les paga es francamente una vergüenza: 70 pesos diarios; pena deberían sentir los diputados con los sueldos que perciben. Una cláusula que se les impone da cuenta de su estado de indefensión: El trabajador se compromete a que en caso de presentarse diferencias derivadas de la prestación de sus servicios con el patrón, recurrirá a los representantes legales que la asociación sindical titular del contrato colectivo de trabajo designe para tales efectos; en caso de no ser así, y recurrir a alguien externo o ajeno a la relación laboral, será considerada como una falta de disciplina de acuerdo con lo que establece la ley, y facultará al patrón a rescindir, sin responsabilidad alguna para él, la relación individual de trabajo. El jurídico de la Cámara ha respondido a los reclamos de los empleados diciendo que no es su asunto, que tienen firmado un contrato mercantil con una outsourcing y que si no están conformes, para eso están las autoridades laborales. Sobran los comentarios.

Para otros trabajadores, hacer valer sus derechos es más difícil. En días pasados, a pesar de un amparo en su favor, se confirmó por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje la cancelación del registro del sindicato democrático de Honda, por haber tenido la osadía de solicitar un recuento entre este gremio y el impuesto por la trasnacional. Han padecido durante varios años un verdadero calvario, con el agregado común de despidos, detenciones arbitrarias y represión física. La última maniobra de la empresa fue obligar a los trabajadores, miembros del sindicato democrático, so pena de despido, a renunciar por escrito al mismo, incluyendo la petición de cancelación de su agrupación sindical. Tanta opresión explica el paro repentino de los trabajadores cuando la trasnacional, como es regla general, se negó a pagar utilidades. Otra vez la acción directa.

El despojo creciente a los trabajadores no tiene contrapeso alguno, lo fomentan los patrones y también los gobiernos. Puede uno confirmarlo en cualquier región del país; es el caso de los empleados de Sandak Calpulalpan, en Tlaxcala, obligados a convertirse en maquila familiar por la trasnacional BATA. Estos obreros continúan combatiendo y reclamando su derecho a tener una fuente de trabajo con seguridad social, por medio de una huelga que se niegan a reconocer las autoridades. Han tocado todas las puertas y desahogado una larga batalla jurídica, pero la permanente complicidad de la junta laboral local y el gobierno de esa entidad con la trasnacional ha impedido la reparación de sus derechos. Por lo visto, deberán acceder a formas de movilización y acciones más intensas para hacerse oír en este país de sordos.

Los sobrecargos de Aeroméxico enfrentan con valentía un chantaje que pretende inaugurar un nuevo estilo de trato laboral: la presión sobre los trabajadores en activo para que accedan a la cancelación total de los derechos del personal de nuevo ingreso. La petición patronal es sencilla: reducir el salario a un tercio. La parte empresarial presiona ostentando el apoyo del gobierno federal, que se hizo evidente con una inusitada promoción legal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes apoyando el despojo laboral claramente inconstitucional. En otro país esta acción legal sería motivo de destitución del titular de la dependencia. (Ver La Jornada 10/07/2013, p15). En Mexicana de Aviación, los sobrecargos jubilados continúan en huelga de hambre dentro de las instalaciones del aeropuerto de la ciudad de México, exigiendo que se les cumplan sus pensiones jubilatorias. Por su parte, los sobrecargos de Aeroméxico-Connect protestan por sus precarias condiciones de trabajo.

Los ya conocidos como indocumentados del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) también se desesperan; han pasado largos años reclamando su derecho a ser simplemente considerados como trabajadores de base y no han logrado siquiera su reconocimiento en el régimen de seguridad social; día con día expresan sus protestas logrando el apoyo del resto de los trabajadores de la institución. La pregunta es: ¿qué hacer? Por lo pronto, la respuesta nos la dan aquellos trabajadores que se movilizan y luchan a partir de respuestas y acciones que no tienen calculadas los que provocan sus agobios.