oncluyeron ayer los 11 foros de reflexión sobre la reforma constitucional en materia educativa –uno nacional y diez regionales, uno adicional a a los originalmente pactados– organizados por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en el contexto de los cuales más de 10 mil personas pudieron escuchar centenares de ponencias sobre la referida modificación constitucional en materia de enseñanza.

Aunque en términos formales estos espacios de discusión fueron producto de un acuerdo entre la CNTE y la Secretaría de Gobernación, su realización no se explica sino como resultado de las presiones y la inconformidad expresada por un amplio sector del magisterio en contra de la referida reforma, aprobada en el contexto de un acuerdo cupular –el Pacto por México– que no tomó en cuenta a los docentes y que estuvo acompañado de una campaña de descalificación en contra de los sectores críticos de la misma. Debe recordarse que el propio gobierno federal calificó a los opositores a la reforma como una minoría que no tenía nada que ver con la cantidad total de maestros que están dedicados a la educación de los niños y que se les acusó de pretender desinformar al conjunto del magisterio y de actuar de mala fe.

Sin embargo, los propios foros de análisis dieron cuenta de la necesidad de un debate profundo sobre las modificaciones constitucionales comentadas, habida cuenta de la proliferación de señalamientos críticos por su carácter lesivo para los derechos y condiciones de trabajo de los docentes; por representar una amenaza para la enseñanza pública, y por contravenir los esfuerzos de muchos sectores que desde hace años vienen pugnando por una reforma educativa integral que permita superar los rezagos actuales en la materia. En el contexto de las reuniones que concluyeron ayer, quienes se oponen a la reforma en los términos en que fue aprobada por el Legislativo fueron prolijos en hechos, cifras y reflexiones de alcance general; realizaron una documentada y razonada crítica de la modificación legal en los terrenos jurídico, laboral, social y pedagógico y pusieron de manifiesto la consolidación de un consenso social cada vez más amplio –que dista de ser minoritario– en contra de la reforma educativa.

Habría sido deseable y necesario contrastar estas posturas críticas con los argumentos de los defensores y promotores de la referida enmienda; por desgracia, los legisladores, las organizaciones empresariales que respaldan la enmienda constitucional y los partidos políticos aliados de la actual administración federal en el Pacto por México se marginaron a sí mismos de los mencionados ejercicios de discusión y análisis.

Tal circunstancia arroja una disyuntiva: o bien los promotores de la reforma desconfían de sus propios argumentos al punto de rehuir confrontarlos con opositores, o bien no tienen interés en las posturas o las ideas de docentes, políticos, líderes sociales, académicos, periodistas y demás actores de la sociedad que participaron en los encuentros que culminaron ayer.

De mantenerse sin cambio, la continuidad del empeño de las élites política y económica por profundizar el proceso iniciado con esta reforma –ahora mediante la discusión y aprobación de leyes reglamentarias– sin atender la opinión de importantes sectores de la sociedad, incluso cuando éstos se expresan por cauces ordenados, formales e institucionales, será un hecho contraproducente.