l episodio que protagoniza Edward Snowden, ex consultor de la inteligencia militar estadunidense (Agencia Nacional de Inteligencia, NSA, por sus siglas en inglés), no sólo ha dejado al descubierto el enorme, masivo e ilegal aparato montado por Washington en diversos países para espiar a gobiernos, funcionarios, empresas y ciudadanos particulares, sino que ha revelado también el grado de supeditación de algunos gobiernos a los designios de la Casa Blanca o, por el contrario, los avances logrados por otros en materia de soberanía. Asimismo, el caso ha permitido apreciar claramente hasta qué punto los estados involucrados en esta circunstancia se rigen por principios o por intereses.
Ayer, por ejemplo, tras el anuncio de Snowden de que aceptaría las condiciones que exigió el presidente Vladimir Putin para darle asilo, habida cuenta de que no tiene manera de llegar a las naciones latinoamericanas que se lo han ofrecido, el gobierno ruso reaccionó con perceptible ambigüedad, en buena medida proporcional al pragmatismo del Kremlin en el manejo de sus relaciones con la Casa Blanca.
Un día después de que el gobierno de Barack Obama acusó a Snowden de ser un fugitivo con imputaciones criminales
y reprochó al Kremlin haber facilitado un encuentro entre el perseguido y dirigentes de organizaciones humanitarias –el que tuvo lugar el viernes en el aeropuerto de Sheremetyevo, y que fue su primera aparición semipública desde que llegó a Moscú, hace ya semanas– la administración rusa afirmó que esta persona tiene la condición de fugitivo indocumentado
e insinuó que no va a apresurarse a conceder el asilo solicitado.
Resulta bastante claro, a estas alturas, que Moscú actúa y actuará para maximizar las ventajas políticas y diplomáticas que pueda extraer del episodio y no para garantizar la integridad del ex analista estadunidense ni para fortalecer el derecho de las sociedades –la rusa y las otras– a la información transparente.
En contraste, los integrantes del Mercosur –Argentina, Brasil, Uruguay y Venezuela– expresaron un firme repudio
al acto infundado, discriminatorio y arbitrario
cometido por los gobiernos de España, Francia, Italia y Portugal, los cuales impidieron en días pasados el sobrevuelo de sus territorios por el avión del presidente boliviano, Evo Morales, ante la sospecha de que en la nave viajaba Snowden. Asimismo, el Mercosur condenó el espionaje que Estados Unidos ha venido realizando en la porción sur del continente y rechazó las presiones de Washington en contra de los países de la región que han ofrecido asilo al ex analista de la NSA: Bolivia, Venezuela y Nicaragua.
Es ineludible la paradoja: en tanto que España, Francia, Italia y Portugal, naciones que se pregonan democráticas, humanitarias y respetuosas de la legalidad, la pisotean para quedar bien con Washington, y cuando Rusia, una potencia militar que sigue pretendiendo rivalizar con Washington, se atrinchera en cálculos de costo beneficio y regatea el refugio a Snowden para no molestar de más a Estados Unidos, varios gobiernos sudamericanos, entre ellos el de un país tan pobre como Bolivia, no vacilan en enfrentar las presiones y los chantajes de la superpotencia e impulsan resoluciones –como la de la Alternativa Bolivariana de las Américas (Alba), la de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la del Mercosur– que constituyen lecciones de independencia y dignidad para los regímenes del viejo continente.
