En un mensaje de apoyo al magisterio disidente, intelectuales, investigadores y defensores de derechos humanos, como el ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Pablo González Casanova, y el obispo Raúl Vera, se pronunciaron en contra de las recientes modificaciones a los artículos tercero y 73 constitucionales, al considerar que se trata de una contrarreforma que atenta contra el espíritu de la Carta Magna y pretende arrebatar conquistas laborales irrenunciables de los maestros.

En una carta leída ante cientos de profesores disidentes que asistieron al Foro Nacional sobre la Reforma Educativa, señalan que se trata de un retroceso que rompe con el pacto social y político de la Revolución. Y consideraron que es una más de las acciones autoritarias y restrictivas de un Estado articulado de manera subalterna al modelo neoliberal.

Por tener como base un modelo de evaluación punitvo y estandarizado, que no toma en cuenta las condiciones sociales, económicas, culturales y plurilingües de la nación y sus educandos, señalaron que es una reforma profundamente discriminatoria, racista y clasista, que violenta la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y los artículos 1 y 2 de la Constitución.

En los hechos, afirman, es una reforma laboral-administrativa contraria al artículo 123 constitucional, pues pretende desmantelar retroactiva e inconstitucionalmente derechos adquiridos por el gremio magisterial, afectando su permanencia en el empleo, salarios y condiciones de trabajo y jubilación, así como los procesos de escalafón e ingreso, por lo que se sumaron a su demanda de abrogación.

El documento, leído por Magdalena Gómez, del grupo Paz con Democracia, quien también lo suscribe, así como Gilberto López y Rivas, Alicia Castellanos y Miguel Álvarez Gándara, afirma que la reforma educativa es una iniciativa que surge de poderes fácticos de carácter empresarial que pretenden la privatización y mercantilización de la enseñanza, y han impulsado una campaña de satanización y criminalización del magisterio.

Con la reforma educativa, advierten, se rompe también con la gratuidad de la educación al aceptar la validación de las cuotas, y se pretende, con supuestas atribuciones de autonomía y gestión escolar, poner la carga económica sobre la sociedad y los padres de familia.

Frente a un Estado que, señala la misiva, se sustrae de sus obligaciones constitucionales, se obliga al sistema educativo a depender de financiamientos externos espurios que pudieran tomar el control de las escuelas públicas, y ser administradas, en los hechos, por la iniciativa privada, asociaciones religiosas o de otra naturaleza, como el crimen organizado, todo lo cual pretende acabar con los candados de una educación pública, laica y gratuita.