Con una convocatoria expedida el miércoles de Semana Santa, cuyo ganador fue dado a conocer el martes siguiente, Liconsa –la empresa encargada del programa de abasto social de leche del gobierno federal– contrató un servicio de encuestas por 30 millones de pesos, para la elaboración de un nuevo padrón de beneficiarios, en el contexto de la Cruzada Nacional contra el Hambre. La invitación fue cerrada y participaron cuatro empresas encuestadoras, todas vinculadas con Rolando Ocampo Alcántar, integrante de la junta de gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), a propuesta del presidente Enrique Peña Nieto, y ex director de Opinión Pública de la Presidencia de la República con Vicente Fox.

El contrato PSG/1302/2013, formalizado el 3 de abril pasado por un monto de 30 millones mil 300 pesos, establece que la empresa ganadora, Prospecta Decisiones Estratégicas, se hará cargo de la aplicación y captura de 398 mil 371 formularios conocidos como Cuestionario Único de Información Socioeconómica (CUIS) –previamente elaborado por la Secretaría de Desarrollo Social– para el empadronamiento de 669 mil 343 nuevos beneficiarios del programa de abasto social de leche de Liconsa.

Los nuevos beneficiarios serán incorporados en 281 municipios de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla y Veracruz.

A las prisas para licitar el servicio de encuestas se suma la extrañeza, entre los profesionales de los estudios de opinión, por el hecho de que las únicas cuatro empresas invitadas tienen vínculos con Rolando Ocampo Alcántar, quien también fue subsecretario de la Reforma Agraria durante el gobierno foxista y encuestador del actual senador Ernesto Cordero en la contienda interna del Partido Acción Nacional.

La Convocatoria de invitación a cuando menos tres personas nacional mixta lleva el número IA-020VST0001-N41-2013, y fue publicada en el sistema Compranet el miércoles de la Semana Santa, 27 de marzo. La tarde del lunes siguiente, el 2 de abril, se realizó el Acto de presentación y la apertura de proposiciones, y el fallo se dio a conocer unas horas después, el martes 3 al mediodía.

Según encuestadores consultados, la presentación de una propuesta para un trabajo de esa magnitud implica muchos cálculos de logística. Los especialistas afirman que es preciso hacer trabajo de gabinete con cartografía, costear productividad día-hombre, así como presupuestar los costos de transporte, viáticos, reclutamiento, capacitación, controles de supervisión, ubicación geográfica de las localidades, etcétera. Una labor que, estiman, requiere al menos de nueve días.

En el caso de referencia, sin embargo, los participantes prepararon sus propuestas entre el jueves y el domingo de la Semana Santa.

Héctor Pablo Ramírez Puga, director de Liconsa, afirma que la urgencia se debió a que el programa de abasto de leche requiere un viraje, pues en gobiernos anteriores se convirtió en un programa de zonas urbanas y clasemedieras.

Otra razón fue la economía. Ramírez Puga afirma que hacer la misma tarea con personal de Liconsa hubiese tenido un costo ligeramente superior a 41 millones de pesos, de modo que con este concurso la empresa estatal ahorró 26 por ciento. Con el personal de la empresa se nos iban muy arriba los costos, además de que íbamos a enfrentar problemas con el sindicato, se extiende el funcionario.

Las empresas participantes fueron las siguientes:

Grupo de Asesores Unidos, SC (GAUSSC), fundada por el mazatleco Rolando Ocampo Alcántar, quien una semana antes de la convocatoria fue ratificado por el Senado, a propuesta del presidente Enrique Peña Nieto, como integrante de la junta de gobierno del Inegi.

También participó OP Mercadotecnia, con sede en Aguascalientes y dirigida por Érika Caballero, cuya participación en el mundo de las encuestas la empezó en GAUSSC y fue, según algunos encuestadores consultados, proveedora de la Presidencia de la República durante el gobierno de Fox (su página web, por cierto, no tendría posibilidades de vencer en un concurso de ortografía).

Con Estadística, SC trabaja bajo la dirección de Luis Osvaldo Valle, otro colaborador de Ocampo con el presidente Fox (fue director adjunto de Imagen Presidencial entre 2005 y 2006). Antes, había sido director de Estadística y director general de GAUSSC.

Esta última empresa ofreció sus servicios por 35 millones 853 mil pesos; OP Mercadotecnia presentó un presupuesto de 39 millones 837 mil pesos, y GAUSSC hizo la oferta más alta (casi 50 millones de pesos).

El contrato fue adjudicado a Prospecta Decisiones Estratégicas, dirigida por Daniel Rodríguez, que presentó una oferta 20 millones de pesos más baja que GAUSSC, por el mismo servicio.

Según la página web de Prospecta, su director Daniel Rodríguez estudió la licenciatura en informática en la Universidad del Valle de México y estudios superiores en la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl. En el Inegi fue jefe de departamento entre 1993 y 1995.

Directivos de otras encuestadoras opinan que Prospecta tiene en su haber contratos grandes en concursos cerrados, como los celebrados con el Instituto Mexicano del Seguro Social durante el gobierno de Felipe Calderón.

Daniel Rodríguez, para no variar, trabajó a las órdenes de Ocampo en el Inegi y más tarde colaboró en Consulta Mitofsky, de Roy Campos.

Con la misma celeridad con la cual se emitió la convocatoria, fue emitido el fallo. El 2 de abril tuvo lugar el acto de presentación y apertura de proposiciones, en las oficinas de Liconsa, en el municipio mexiquense de Naucalpan. Acudieron representantes de las cuatro empresas antes mencionadas, quienes dieron fe con sus firmas.

El ganador se dio a conocer el día siguiente, 3 de abril, y ya sólo aparecieron las firmas de los funcionarios de Liconsa y del representante de Prospecta.

Ramírez Puga asegura que no conoce a ninguno de los encuestadores y que si invitó a las empresas mencionadas fue porque se insistió con varios, se habló con ellos, pero lo rechazaron porque era muy corto el tiempo. No conozco a ningún proveedor de Liconsa, añade el funcionario.

Informa que se invitó también a las universidades Nacional Autónoma de México (UNAM) y Autónoma de Puebla, que rechazaron el trabajo (la normatividad obliga a convocar también a instituciones públicas).

En los registros que entrega Liconsa sólo hay copia de un correo electrónico enviado a la doctora Sandra Murillo López, coordinadora de la Unidad de Investigación Social Aplicada y Estudios de Opinión de la UNAM, el 6 de marzo pasado. El remitente es Fernando Giovanni Franco Armenta, jefe del Departamento de Padrón de Beneficiarios de Liconsa.

Las empresas privadas recibieron correos similares el 7 de marzo, es decir, 20 días antes de que se publicara la convocatoria.

En un documento que da detalles sobre la convocatoria, Liconsa explica que según el artículo 72 de la Ley de Adquisiciones del Sector Público se pueden contratar servicios mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, cuando se acredite que los servicios requeridos son personalizados o a la medida, los cuales son los que desarrollan soluciones o metodologías eficientes diseñadas o creadas ex profeso para resolver problemas no comunes en la administración pública federal.

Sobre el costo del servicio, Ramírez Puga afirma que el presupuesto incluye viáticos, alimentación y transporte a municipios muy apartados.

Liconsa no pone ningún recurso, dice el oaxaqueño, aunque en la misma conversación informa que los promotores (encargados del levantamiento de las encuestas en campo) se reúnen en las instalaciones de la empresa estatal y que la empresa encuestadora ha recibido emblemas de Liconsa, para poder entrar a las zonas inseguras.

Aunque en el mundo de los encuestadores se le considera el contrato más grande de la historia, la magnitud de la tarea lleva al director de Liconsa a considerar que, para la empresa encuestadora, la ganancia puede ser muy miserable, una bicoca, por todo lo que debe invertir.