Nueva York, 12 de julio.

La reforma migratoria integral se estrelló esta semana contra una Cámara de Representantes dividida, poniendo su destino en duda y prolongando –posiblemente por meses– el debate que ahora pondrá énfasis en la seguridad fronteriza antes que en cualquier tipo de legalización de migrantes indocumentados.

Desde que el Senado aprobó un proyecto de ley de reforma migratoria integral en junio, el presidente de la cámara baja, el republicano John Boehner, advirtió que ésta no sólo no considerará la versión aprobada por los senadores y que elaborará su propia legislación, sino que no permitirá ningún voto en el pleno por un proyecto de ley que no cuente con el apoyo de la mayoría de sus colegas conservadores.

A la vez, no cerró por completo la puerta a una reforma este año. Boehner reconoció este jueves que tenemos un sistema de inmigración descompuesto. Tiene que ser arreglado, y no descartó la inclusión de una vía para dar la ciudadanía a los indocumentados. Pero, aparentemente, no con la receta aprobada en el Senado.

En una reunión el miércoles, la bancada republicana manifestó una profunda división, a grado tal que muchos representantes descartaron la posibilidad de un acuerdo, por ahora, sobre una reforma migratoria integral. Más aún, el liderazgo declaró en un comunicado su rechazo al proyecto del Senado, y se manifestó a favor de un proceso para adoptar medidas parciales, aunque hay hondas diferencias sobre si ofrecer la legalización y una vía hacia la ciudadanía para los 11 millones de indocumentados.

El pueblo estadunidense quiere que se asegure nuestra frontera, se apliquen nuestras leyes y sean reparados los problemas en nuestro sistema de inmigración para fortalecer nuestra economía, señalaron. Subrayaron que no puede confiarse en que el gobierno de Barack Obama cumpla con sus promesas de asegurar la frontera y aplicar las leyes como parte de un solo proyecto de ley masivo como el aprobado por el Senado.

Donde sí hay consenso, y lo que parece será un primer paso al abordar la reforma, es en incrementar la llamada seguridad fronteriza, sobre todo en extender la barrera física.

Aunque los republicanos en el Senado obligaron –a cambio de algunos de sus votos– a los demócratas y al presidente a aceptar demandas para militarizar aún más la frontera, con una inversión de hasta 46 mil millones de dólares y controlar la mano de obra inmigrante, esto parece no ser suficiente para los conservadores.

A pesar de todo esto, los promotores de una reforma integral apuestan a que la presión de la amplia e inusual (por su diversidad) coalición de organizaciones latinas, de defensa de inmigrantes, sindicatos, la Cámara de Comercio, el liderazgo religioso católico, evangélico, judío, musulmán y otras confesiones, aún podrá obligar a los legisladores a promover una reforma migratoria integral este año.

Incluso, dos de los arquitectos del proyecto de ley en el Senado, el demócrata Charles Schumer y el republicano John McCain, expresaron optimismo sobre un acuerdo. Expresaron que se sentían alentados, pues el liderazgo republicano en la cámara afirmó que la falta de actuación sobre el tema migratorio no era una opción.

Los promotores insisten en que su objetivo ahora es presionar para que el liderazgo republicano permita un voto sobre el tema ante el pleno. El demócrata Luis Gutiérrez, uno de los promotores más dinámicos, comentó que, entre ambos partidos ya hay más de los 218 votos que se necesitan para aprobarla si el liderazgo conservador permite el voto (los republicanos tienen una mayoría de 234 curules frente a 201 de los demócratas). Hay una mayoría en el Congreso, no una mayoría dentro de un partido, y eso es lo que deber imperar en una democracia, afirmó.

Si los argumentos son convincentes, este asunto no está para nada acabado, aseguró Thomas Donohue, presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, subrayando que la clave es ejercer la presión pública sobre el Congreso.

Los promotores argumentan que las encuestas muestran consistentemente que la mayoría de los estadunidenses favorece una reforma integral que incluya la legalización de indocumentados en ciertas condiciones, y que ésta beneficiará a diversos sectores económicos.

La Casa Blanca continúa tratando de navegar cuidadosamente al promover la reforma, una prioridad para el presidente, para evitar que el asunto derive en un enfrentamiento político con los republicanos. Esta semana, la presidencia emitió un informe que pronostica que la reforma integral contribuirá a un crecimiento económico de 3 por ciento para 2023 y reducirá el déficit federal por casi 850 mil millones por 20 años.

A la vez, organizaciones latinas también advierten que habrá consecuencias electorales negativas para los republicanos en la cámara si no responden a las demandas.

De hecho, desde la elección nacional pasada, en la que Obama recibió más de 70 por ciento de voto latino, líderes y estrategas del Partido Republicano advirtieron sobre las peligrosas implicaciones para su futuro si continúan adoptando posiciones antimigrantes. Hasta el ex presidente George W. Bush hizo énfasis en ello en una inusual intervención en el debate político nacional esta semana, al instar a sus colegas a reparar un sistema de inmigración descompuesto.

Pero aunque la cúpula nacional y los estrategas del partido se preocupan por esto, los representantes están más enfocados en las relecciones en sus distritos cada dos años. El Cook Political Report, destacada publicación especializada en asuntos electorales, reporta que sólo 24 de los 234 legisladores republicanos representan a distritos con más de 25 por ciento de población de origen latino. CBS News reportó que en promedio sólo hay 10 por ciento de latinos en distritos representados por republicanos.

Como resultado, los republicanos no están preocupados por la reacción de los latinos, pero sí por la de bases conservadoras que podrían castigarlos por apoyar una reforma migratoria que incluya la legalización de indocumentados.

Mientras tanto, en algunos sectores del movimiento de defensa de derechos de migrantes, cada vez hay más voces que rechazan la versión del Senado, aceptada tanto por demócratas y republicanos y los principales promotores de la reforma en Washington, porque llevaría a una mayor militarización de la frontera y controles sobre la comunidad inmigrante.

El futuro de la reforma es poco claro, y todo indica que nada se decidirá rápidamente.