El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) denunció el hostigamiento de empleados de seguridad contra personal suyo en Tuxtla Gutiérrez y Playas de Catazajá durante la primera semana de julio. En el primer caso, dentro de un hospital público y en el segundo, en un penal.

En la capital chiapaneca, el día 2, durante el trabajo de documentación con víctimas de la represión policiaca contra integrantes del Bloque Democrático de la Sección 7 (ocurrida el 29 de junio), documentalistas del Centro fueron obstruidos y hostigados por agentes de seguridad y profesionales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste). Se destaca que “adentro de las instalaciones se encontraban elementos de la Policía Ministerial y afuera, de la Estatal Preventiva.

Los videoastas del Frayba buscaban entrevistarse con dos personas heridas durante la represión policiaca. Personal y guardias del Issste les negaron el paso. Después de explicar la importancia de este trabajo y presentar una intervención previamente hecha, se permitió ingresar sólo a una persona. Además, como es habitual en las cárceles (no en los hospitales) se le exigió dejar las herramientas indispensables (grabadora, laptop, cámara y otras). Los vigilantes permitieron cinco minutos de la primera entrevista y la segunda de plano la impidieron.

Apenas la víspera, primero de junio, la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad, en una intervención hecha por el Frayba, contestó con un oficio (DGOPIDDH/DCNDH/2060/2013), donde negaba los hechos del 29 de junio y sostenía textualmente: No se tiene conocimiento de personas que hayan sido detenidas y puestas a disposición de la Representación Social en turno, como tampoco personas lesionadas y hospitalizadas. Con ello, la fiscalía ocultaba lamentablemente las evidencias de los acontecimientos (ver La Jornada, 30/6/2013).

En un evento posterior, el sábado 6 de julio, en el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados número 17, en Playa de Catazajá, un médico colaborador del Frayba, con otra médica, se disponía a revisar el estado de salud de Antonio Estrada Estrada, de San Sebastián Bachajón, adherente a la Sexta declaración de la selva Lacandona del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional. No obstante, vigilado y hostigado por un custodio que repetidamente le tomaba fotos, el médico no pudo efectuar la exploración física del indígena, quien lleva casi dos años en prisión y se le considera preso político.

El Frayba manifiesta procupación ante la postura del gobierno de no facilitar, antes bien obstaculizar, hostigar el trabajo de documentación con fines de observación. Y sostiene: Resulta evidente que instancias creadas para vigilar el cumplimiento de las obligaciones de proteger, respetar y garantizar los derechos humanos, encubren a responsables, funcionarios y empleados, además de tergiversar los hechos.

Todo esto implica impunidad y repetición de las violaciones a los derechos humanos. El Frayba le recuerda al gobierno de Chiapas que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado: El respeto por los derechos humanos en un Estado democrático depende en gran parte de las garantías efectivas y adecuadas de que gocen los defensores para desplegar libremente sus actividades, y es conveniente prestar especial atención a las acciones que limiten u obstaculicen su trabajo.