Eugenio Lira Rugarcía, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), señaló que las “actualizaciones del sistema normativo penal del Estado vaticano que aprobó el papa Francisco sirven para combatir y sancionar en este territorio ilícitos como la tortura, el genocidio, los delitos contra menores y también contra la administración pública.

En entrevista, precisó que estos cambios son muy positivos, porque expresan la voluntad del Estado vaticano para (...) la cooperación internacional en materia penal judicial y así prevenir y combatir la delincuencia, y subrayó que las reformas rigen para sus ciudadanos o miembros de la curia, quienes trabajan en algún dicasterio (secretaría de gobierno), los nuncios apostólicos, los diplomáticos de la santa sede y los administradores y directores de entidades vaticanas.

En tal sentido, llamó a no confundir al Vaticano con la Iglesia católica, como tampoco los cambios hechos con las sanciones que aplica el Derecho Canónico a todos los miembros del credo, es decir, a los bautizados, lo que incluye a religiosos y laicos, sean o no ciudadanos del Vaticano.

Hay un error en pensar que cualquier obispo o sacerdote católico es ciudadano vaticano: somos ciudadanos de los países a que pertenecemos y tenemos que acatar las leyes de nuestros países, no del estado Vaticano y ejemplificó esto con el caso del cardenal mexicano Javier Lozano Barragán, ahora emérito, quien fue presidente para la Comisión de la Pastoral de la Salud. El sí es ciudadano del Vaticano, pero en mi caso, no soy ciudadano del Vaticano, soy ciudadano mexicano y me tengo que atener a las normas de este país”, dijo.

Resaltó que las reformas aprobadas por Francisco comenzaron a ser a analizadas por Benedicto XVI, y recordó que el Vaticano ha firmado tratados internacionales como las convenciones de Ginebra contra crímenes de guerra.