El Gobierno del Distrito Federal busca modificar el Código Penal en lo que se refiere al funcionamiento del Registro Público de la Propiedad y el Comercio capitalino, con el propósito de castigar hasta con seis años de prisión a quienes pretendan vender inmuebles sin contar con el uso de suelo correspondiente, señaló el titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, José Ramón Amieva Gálvez.

Al respecto, el jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera Espinosa, señaló que se actuará con toda firmeza en contra de quienes defrauden a cualquier ciudadano en los procesos de compraventa de un inmueble, por lo que instruyó a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a investigar a fondo esos casos. Además, dijo, se llevará a cabo una campaña de difusión para que los afectados sepan que pueden acudir ante el gobierno.

Sobre las reformas al Código Penal, Amieva Gálvez señaló en entrevista que este martes presentará la iniciativa de reforma en una reunión que tendrá con diputados locales y representantes de otras instancias con las que se ha estado revisando ese tema, cuyo propósito es evitar fraudes con la venta de inmuebles construidos de manera irregular.

Asimismo, señaló que se busca establecer que antes de realizar inscripciones en el Registro Público de la Propiedad, los notarios públicos pidan un certificado u opinión expedida por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda o por la de Medio Ambiente, para constatar que el predio en cuestión cuenta con los permisos correspondientes de uso de suelo.

También, agregó, se pretende regular la figura de custodia administrativa, para que en los casos que así lo ameriten ésta sea solicitada por el Instituto de Verificación Administrativa y la Procuraduría Ambiental y de Reordenamiento Territorial, y de esa manera evitar la venta de inmuebles irregulares.

Precisó que en las personas que intenten o vendan un inmueble que no cuente con la regulación de uso de suelo, será acreedor a una pena de dos a seis años de cárcel, al transmitir la propiedad de un inmueble a sabiendas de que no cumple con los requisitos para hacerlo.

Uno de estos casos es el del desarrollo inmobiliario ubicado en la calle Céfiro 120, en la colonia Pedregal de Carrasco, en Coyoacán. Para su construcción se utilizaron certificados falsos de uso de suelo habitacional, pese a lo cual se han vendido más de 110 departamentos que forman dicho complejo.

Amieva Gálvez hizo un llamado a quienes adquirieron dichos inmuebles para que se presenten a la Consejería Jurídica y sean asesorados legalmente, vía la defensoría de oficio, ya que la obra se encuentra suspendida por el juicio de lesividad que inició el gobierno capitalino contra ese complejo habitacional.