Más de 200 trabajadores sindicalizados del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) se manifestaron ayer frente a las oficinas centrales para entregar a María Teresa Franco, su directora, un pronunciamiento político en el cual exigen se aclaren diversos cuestionamientos que han puesto en entredicho a la función y la naturaleza del instituto, así como a la gestión de las recientes administraciones.

Luego de poco más de una hora de protestas, la titular del INAH tuvo que presentarse ante los integrantes de la delegación D-III-24 que agrupa al personal administrativo, técnico y manual del instituto.

En la explanada del edificio Aristos, en la colonia Hipódromo (sede del INAH), la funcionaria aseguró a los trabajadores que está absolutamente comprometida con la defensa del patrimonio cultural y en particular con el paleontológico, arqueológico e histórico de México.

Luego de escuchar las consignas de los sindicalistas, los cuales coreaban el INAH unido jamás será vencido, Franco agregó: Hago un pronunciamiento explícito de que mi propósito y obligación es que se cumpla la ley que nos rige, la ley federal, la cual ustedes conocen de manera entrañable y si algo bueno tiene el instituto es que siempre tiene la camiseta puesta.

La directora del instituto, a propósito de las polémicas en torno a sus antecesores en el cargo (Alfonso de Maria y Campos y Sergio Raúl Arroyo), y a su propia administración en el sexenio de Carlos Salinas, dijo que los motivos que en el pasado llevaron a una serie de decisiones fueron con el concurso de los mejores de este instituto. Quisiera que lo tomaran en cuenta. Podemos revisar con cuidado los asuntos, pero verán que la participación de nombres señeros del INAH siempre ha estado ahí, con conocimiento de todos.

María Teresa Franco se comprometió a respetar las condiciones del diálogo abierto propuesto por los trabajadores porque, añadió, sí creo que unidos venceremos, y se unió a las consignas e incluso levantó el puño al aire.

Luego de escuchar el contenido del documento que consta de cinco páginas, aseguró que analizará con la mayor seriedad cada uno de los puntos, porque abordan muchas áreas en las cuales el INAH tiene un compromiso con la nación.

Visos de privatización

Respecto de algunos de los cuestionamientos que conforman el documento (dados a conocer por La Jornada esta semana), María Teresa Franco explicó: Les preocupa lo del Museo del Cacao en Chichén Itzá, y les digo que está suspendido y continúa así; en el caso del teleférico de Puebla, actualmente se encuentra en proceso judicial, por lo cual nos vamos a atener estrictamente a la ley.

Los trabajadores encabezados por José Manuel Martínez, secretario general de la sección D-III-24, así como David Franco, secretario de organización y Raúl Jiménez, secretario general zona Centro A, manifestaron que en las recientes décadas el INAH ha sido asediado por intereses mercantilistas y políticos.

Subrayaron que con diversas iniciativas se ha pretendido quitarle facultades al instituto, y en otros casos, se ha intentado que los gobiernos de los estados ejerzan la custodia de la zonas arqueológicas y de los monumentos históricos, con una clara intención de apertura a la inversión privada.

Todo esto, dijeron los representantes sindicales a Franco, ya lo conoce usted, toda vez que es la segunda vez que es directora del INAH y, como recordará, tuvimos fuertes conflictos por las autorizaciones que dio en torno al patrimonio cultural, como fue el caso de la construcción de Plaza Jaguares en la zona arqueológica de Teotihuacán y la división entre los trabajadores que provocó con el proyecto institucional de profesionalización.

Además de exigirle solución a algunos problemas de índole laboral y salariales, así como de manifestar su rechazo a la continuidad de otros funcionarios, los trabajadores solicitaron que María Teresa Franco manifieste públicamente su posición sobre la explotación de la mina a cielo abierto en la poligonal de la zona arqueológica de Xochicalco (Morelos), así como ante los cambios legislativos que se vislumbran y que podrían afectar la rectoría y la presencia nacional del INAH en relación con la investigación, conservación y difusión del patrimonio nacional, así como al respeto de uso social de las zonas arqueológicas y monumentos históricos para que no se les asigne un destino distinto al que marca la normatividad legal vigente.

Por otra parte, durante la reunión de los delegados sindicales de investigadores y académicos provenientes de diversos estados del país, la cual continuó la tarde noche de este jueves, hasta el cierre de esta edición los trabajadores adelantaron que sólo se había consensuado el total rechazo al nombramiento de María Teresa Franco en la dirección del INAH.

Algunos académicos aclararon que no fue el ex director Sergio Raúl Arroyo, quien ordenó la suspensión de los trabajos de edificación del Museo del Cacao en Chichén Itzá, como se pretende difundir.

La construcción se detuvo debido a las presiones de los propios arqueólogos e investigadores de la zona arqueológica, quienes descubrieron que el empresario belga no tenía con los permisos correspondientes, contaba sólo con autorización de palabra de altos funcionarios del INAH, los mismos que negociaron en lo oscurito la compra de los terrenos a la familia Barbachano en octubre del año pasado, y los mismos que han permitido que se esté construyendo en el área de Uxmal otro negocio similar, del mismo inversionista extranjero. Todo ello debe ser aclarado por el INAH porque son evidentes casos de corrupción y comercialización de nuestro patrimonio, concluyeron los especialistas quienes pidieron se omitieran sus nombres, debido a que no sería la primera vez que hubiera represalias por denunciar los malos manejos que durante años vienen ocurriendo en nuestro instituto.