León, Gto., El gobierno del estado debe dialogar para cambiar la ruta de la autopista Silao-San Miguel de Allende a fin de no afectar zonas arqueológicas ni el patrimonio de 25 comunidades otomíes, dijo ayer el presidente estatal de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Alfonso Ortega. A su vez, el procurador de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, Gustavo Rodríguez, exhortó al gobernador Miguel Márquez a respetar los derechos del pueblo otomí, el cual asegura que la autopista afectará sus tradiciones, sitios sagrados, zonas arqueológicas y paisajes.

Naucalpan, Méx., El primer síndico procurador, Rafael Ranero, informó que la alcaldía está boletinada ante el buró de crédito desde hace seis meses y arrastra una deuda de al menos 2 mil millones de pesos. Agregó que hay deudas que la administración del alcalde David Sánchez ni siquiera conocía, heredados por la ex alcaldesa Azucena Olivares, también priísta.

Los senadores panistas de Durango, José Rosas Aispuro; Sinaloa, Salvador López Brito, y Tlaxcala, Adriana Dávila, denunciaron que en las elecciones del 7 de julio grupos de delincuencia organizada operaron en favor de los candidatos del Partido Revolucionario Institucional (PRI). El representante del Comité Ejecutivo Nacional del partido Acción nacional (PAN) en Tlaxcala, Carlos Alberto Pérez Cuevas, advirtió que el caso de Apizaco se ventilará en todo el país y no van a permitir que les roben la elección. Recalcó que en Tlaxcala hubo delincuencia organizada para el fraude, en la que participaron la procuraduría y el instituto electoral estatales, así como funcionarios y representantes de casilla. Dijo que además de iniciar procesos legales denunciará por todo el país estas prácticas fraudulentas.

Toluca, Méx., La Secretaría de Educación del gobierno mexiquense reiteró ayer que no permitirá la operación de escuelas que carezcan de reconocimiento oficial y recalcó que no cederá a chantajes ni presiones de organizaciones sociales que, con el afán de que la autoridad les conceda claves para la operación de escuelas han iniciado protestas como huelgas de hambre. La dependencia descalificó así el ayuno que iniciaron el miércoles cuatro profesores de la Universidad del Pueblo Trabajador de Nezahualcóyotl, quienes demandan reconocimiento a por lo menos seis planteles en el oriente del estado para que no resulten afectados por las nuevas disposiciones del Código Penal estatal, que castiga con cárcel a quien preste servicios educativos sin reconocimiento oficial.

Colima, Col., 18 de julio.