ás allá del deslinde formulado por el presidente Enrique Peña Nieto respecto de la política de seguridad de su antecesor, y de su propósito de dar un viraje en la estrategia de ese rubro y del combate al crimen organizado, la violencia cotidiana sigue manifestándose en el país en forma de ejecuciones, enfrentamientos entre grupos armados, pérdida de tranquilidad y sentimiento de zozobra extendida entre la población de varias franjas del territorio.
El éxodo de habitantes de diversas poblaciones de Tierra Caliente, en Guerrero –un fenómeno que se ha venido presentando periódicamente desde hace años y que se repitió esta semana con la salida de 180 familias de cinco comunidades de la región ante amenazas de la delincuencia organizada–, pinta un panorama muy distinto a las afirmaciones oficiales sobre la disminución neta de la violencia y el restablecimiento paulatino del estado de derecho.
Habría sido impensable que las confrontaciones armadas, los asesinatos y la pérdida de paz pública cesaran en forma abrupta por efecto del cambio de administración federal. Sin embargo, pasados ocho meses del inicio de la gestión de Peña Nieto, pareciera que el único cambio significativo en materia de seguridad radica en la política de comunicación del gobierno federal sobre los hechos violentos, las cifras oficiales sobre delincuencia y las detenciones de presuntos narcotraficantes. Fuera de eso, escenarios como el que se registra actualmente en Tierra Caliente dan cuenta de que el país sigue sumido en una catástrofe de seguridad pública y que la criminalidad organizada mantiene el control de regiones enteras sin que las autoridades hayan adoptado hasta ahora medidas para modificar tales fenómenos desde sus causas económicas, sociales e institucionales que lo originan.
Tal continuidad en el ámbito interno se produce, según puede verse, en la persistencia de una relación de cooperación y arbitrio según el interés de Washington, que justifica la intromisión de ese gobierno en tareas de seguridad en nuestro país. Muestra de ello es la información publicada por The New York Times en el sentido de que la detención de Miguel Treviño Morales, el Z-40 –atribuida por el gobierno de Peña Nieto a un trabajo de inteligencia de la Marina– estuvo respaldada por un papel esencial tras bambalinas
del gobierno de Estados Unidos.
El deslinde expresado por la administración respecto de las desastrosas políticas de seguridad seguidas por su antecesor es, en sí mismo, un hecho positivo, pero para que ese viraje se concrete es necesaria la adopción de medidas gubernamentales que se sostengan en la realidad, empezando por una estrategia integral de combate a la delincuencia en los terrenos social, económico, policial, educativo y de salud pública. Ello pasa de forma obligada por una reorientación y un ejercicio eficiente de los presupuestos públicos, por una ampliación de los programas sociales, por el rescate de la enseñanza a cargo del Estado, por la aplicación de una política fiscal justa y redistributiva y, en general, por la modificación del modelo económico impuesto en el país desde hace tres décadas. Todas esas tareas siguen siendo, por desgracia, asuntos pendientes de la actual administración, aunque su atención resulta perentoria.
