Las afirmaciones del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, de que los activistas de derechos humanos a veces pareciera que protegen más a algunos –en referencia a que el supuesto narcotraficante Miguel Ángel Treviño Morales, El Z-40, fue exhibido sin esposas para evitar quejas por maltrato– son una muestra del talante autoritario de muchos servidores públicos, que consideran el respeto a las garantías de los procesados como una concesión, no como parte de sus obligaciones, señalaron integrantes de organizaciones civiles.

Édgar Cortez, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, afirmó que las declaraciones de Osorio Chong (quien lamentó que las organizaciones de defensa de las garantías individuales puedan echar abajo un caso si detectan faltas al debido proceso) dejan ver que muchos funcionarios siguen pensando que quienes protegen los derechos humanos se dedican en realidad a defender criminales.

“Lo que parece no entender el secretario es que el debido proceso y los derechos de los acusados, que se encuentran en el artículo 20 constitucional, apartado B, no son un asunto cosmético, sino fundamental, porque es la mejor garantía de que vamos a acusar a una persona con base en pruebas. Es lo mejor que podemos hacer en favor de las víctimas.

Consuelo Morales, directora del colectivo Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos AC, coincidió en que las autoridades están obligadas a seguir siempre un protocolo de investigación que respete la dignidad de los procesados y aplique el principio de presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario.