El juez de la corte de distrito de Connecticut, Estados Unidos, Michael Shea, desechó la demanda civil en contra del ex presidente mexicano Ernesto Zedillo Ponce de León, por su presunta responsabilidad en la masacre de Acteal, Chiapas, en diciembre de 1997, donde fueron acribilladas 45 personas y por los que se le acusa de delitos de lesa humanidad.

En septiembre de 2011, por medio del despacho de abogados Rafferty, Kobert, Tenenholtz, Bounds & Hess, con sede en Miami, Florida, un grupo de sobrevivientes de los hechos en Acteal presentó de manera anónima ante los tribunales estadunidenses una demanda contra el ex mandatario mexicano, en la que exigían una compensación por 50 millones de dólares por los daños ocasionados durante la matanza.

Durante la audiencia, tras escuchar los argumentos orales de los representantes legales de los demandantes y de los defensores legales de Zedillo, el juzgador sobreseyó la demanda, aunque no han trascendido las razones por las que dio ese dictamen. De acuerdo con información de las cortes federales de Estados Unidos, los argumentos del magistrado se expusieron en el juicio.

El fallo judicial aún puede ser objeto de apelación por los abogados de los promoventes. Es de recordar que la organización civil Las Abejas –a la cual pertenecían las víctimas de esa matanza– desconocieron a los demandantes por considerar que al interponer una querella civil y no penal podrían estar lucrando con la tragedia en lugar de exigir justicia y castigo a los responsables.

Durante los argumentos en favor de su cliente, los abogados de Zedillo (presidente de la República del primero de diciembre de 1994 al 30 de noviembre de 2000) recordaron la petición de parte del Departamento de Estado estadunidense para que la Corte Federal otorgara inmunidad al ex mandatario en su calidad de jefe de Estado cuando ocurrió el incidente.

Ernesto Zedillo (quien aparecen en una imagen de mayo de 2009) fue beneficiado con el fallo de un juez de ConnecticutFoto Carlos Ramos Mamahua

En noviembre de 2011, el gobierno mexicano (entonces encabezado por Felipe Calderón), a través del ex embajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarukhán, envió una nota diplomática al Departamento de Estado de Washington para que se otorgara a Zedillo inmunidad diplomática con el argumento de que cuando ocurrió la matanza, el entonces mandatario se encontraba en el ejercicio de sus funciones, por lo que juzgarlo vulneraría la soberanía nacional. Recurso al que también se acogió Zedillo en enero de 2012.

Sin embargo, contrario a la solicitud de la administración calderonista, en marzo pasado el juzgado 16 de distrito en materia administrativa con sede en la ciudad de México otorgó un amparo a dos de las víctimas de la masacre de Acteal, al determinar que las autoridades mexicanas violaron la Constitución y diversos tratados internacionales de derechos humanos, igualdad y no discriminación al hacer esa petición en favor del ex presidente mexicano.

La sentencia del juez mexicano determinó que carece de sustento jurídico afirmar que el ex presidente Zedillo goza de inmunidad, aun después de haber concluido su encargo público, y agrega que la nota diplomática favorece abiertamente al ex mandatario y sus efectos no se limitan a las relaciones internacionales entre ambas naciones, sino que involucran derechos de particulares”. No obstante, el Departamento de Estado estadunidense hizo del conocimiento de la corte de Connecticut que el tercero perjudicado gozaba de inmunidad diplomática.

El 22 de diciembre de 1997 –casi cuatro años después del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (primero de enero de 1994)– un grupo de hombres armados ingresó a una comunidad indígena tzotzil de Acteal, donde asesinó a 45 habitantes de ese poblado; la mayoría de las víctimas fueron mujeres y niños.