l subsecretario de Telecomunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), José Ignacio Peralta, dijo ayer que las empresas nacionales y extranjeras no se han comprometido a invertir en el sector, a pesar de la reforma legal en materia de telecomunicaciones recientemente realizada. Según el funcionario, el gobierno federal espera que la iniciativa privada invierta 626 mil 305 millones de pesos durante el sexenio en curso, en tanto que la Federación destinará otros 73 mil 853 millones. Peralta atribuyó la escasez de inversiones privadas al hecho de que no está lista la legislación secundaria y a que aún está por fundarse el Instituto Federal de Telecomunicaciones, una de las instancias que habrán de intervenir en la licitación del espectro destinado a dos nuevas cadenas de televisión abierta. Asimismo, la banda de 2.5 Ghz no ha podido ser licitada porque se encuentra en curso el proceso legal iniciado luego de que la pasada administración, encabezada por Felipe Calderón, despojó de las concesiones en esa frecuencia a la empresa MVS.
En declaración por separado, el presidente de la Confederación Nacional de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur), Jorge Dávila Flores, reclamó al gobierno federal que ejerza en tiempo y forma
el gasto programado en infraestructura a fin de permitir la generación de empleos.
Lo cierto es que, por razones burocráticas o de otra índole, las inversiones, tanto las públicas como las privadas, se encuentran prácticamente suspendidas, circunstancia que dura ya más de un semestre –valga decir, desde que arrancó la gestión presidencial de Enrique Peña Nieto– y que afecta el desarrollo, la reactivación económica y también, a fin de cuentas, las condiciones de vida de buena parte de la población.
Hay la percepción de que ni el gobierno federal ni los consorcios privados parecen dispuestos a utilizar los recursos de que disponen antes de que concluya el proceso de reformas legales y constitucionales que la actual administración ha emprendido o está por emprender en breve, como es el caso de las modificaciones propuestas para privatizar parte de la industria petrolera nacional.
Ciertamente, las empresas particulares no tienen obligación de invertir a ritmos o montos determinados –salvo que así se estipule en las concesiones que obtengan–, pero la autoridad está obligada a ejercer en tiempo y forma el gasto público aprobado por el Legislativo. Por lo demás, sería devastador para la economía nacional seguir postergando la aplicación de recursos hasta el incierto final de las reformas mencionadas, sobre todo si se toma en cuenta que la energética puede resultar en una confrontación política de grandes dimensiones, toda vez que la mayor parte de la población –así lo indican dos estudios no relacionados entre sí– se opone a permitir la explotación y la apropiación, por manos privadas, de recursos que desde 1938 pertenecen exclusivamente a la nación.
Es necesario y urgente, en suma, que el gobierno federal utilice los recursos que el país le ha confiado para los proyectos para los que están destinados y que, ante las poco claras perspectivas de las reformas aún pendientes, acelere los procesos administrativos y burocráticos necesarios a fin de posibilitar que fluyan las inversiones privadas.
