n los meses recientes hemos visto una gran movilización magisterial en contra de la mal llamada reforma educativa que modifica, de manera vertical y antidemocrática, los artículos 3º y 73 constitucionales para promover la evaluación universal de los maestros con el aparente propósito de mejorar la educación nacional. Esta reforma no propone medidas propiamente pedagógicas o educativas, sino que se centra en una serie de criterios para calificar a los docentes, con lo cual su efecto es más de control laboral que educativo. Sus consecuencias para la educación nacional son graves por lo que es necesario analizarlas.

En primer lugar la investigación educativa internacional ha mostrado que no hay ningún método efectivo que aislado permita identificar a los buenos maestros. La ex subsecretaria de educación de EU en la década de los 90, Diane Ravitch, impulsora de una reforma que ha servido de modelo a la que adopta el Estado mexicano, y que ella misma llama empresarial, reconoce después de 20 años de su aplicación que ésta ha sido un fracaso. No sólo no ha mejorado la educación en EU, sino que ha promovido la marginación de las escuelas públicas en beneficio de las escuelas privadas de medios socioeconómicos favorecidos y ha aumentado las desigualdades sociales, lo que provocó grandes movilizaciones de maestros en su contra ( La Jornada, 1/6/13). Ignorando su fracaso en varios países del mundo, se propone retomar este modelo en México, donde las desigualdades son ya dolorosamente agudas.

Las evaluaciones estandarizadas (como Enlace y PISA), base del modelo citado, han fracasado en mejorar la educación porque parten de estándares diseñados desde características lingüísticas y socioculturales de contextos como los de clases medias y escuelas privadas que ponen en desventaja a sectores sociales que no pertenecen a ellas, como los indígenas, que van siendo cada vez más marginados. Además, no permiten conocer las causas por las que se obtienen ciertos resultados y con ello no dan información sobre las medidas a tomar para mejorar. Por otro lado la frecuencia, la aplicación universal y el uso de estas pruebas para calificar a alumnos y docentes, han deteriorado el trabajo educativo pues los maestros terminan dedicando la mayor parte del tiempo a preparar a los alumnos para las pruebas. Si bien es positivo el anuncio de la SEP en cuanto a que es el último año que se aplica la prueba Enlace, esperemos que esto implique una renuncia general a la utilización de pruebas estandarizadas (iguales para los desiguales) por sus resultados adversos en cuanto a mejorar la educación.

En aras de contribuir a una supuesta autonomía escolar la reforma también diluye la responsabilidad del Estado en la creación de infraestructura escolar, y abre las condiciones para que las escuelas se financien con dinero público, pero administradas por instituciones privadas, lo que facilita la entrada de grupos empresariales y religiosos en la educación. Se atenta así contra las bases fundamentales de nuestra educación: pública, laica y gratuita.

La calidad educativa depende de factores como son: libros de texto y programas enciclopédicos y con errores, las desiguales condiciones de la infraestructura escolar y la cantidad de pruebas, de carga administrativa y de programas no académicos con los que se distrae a los docentes del trabajo educativo. La injerencia de Elba Esther Gordillo y su gente en la SEP es la causa de que estos factores y las condiciones del trabajo docentes sean las peores que ha habido en décadas. Hoy, cuando las medidas oficiales han permitido este deterioro, lo cual no se resuelve con meter a la profesora a la cárcel, la reforma, en vez de asumir la responsabilidad que tiene la SEP de mejorar la situación educativa nacional, culpa de ello a los maestros y trata de sancionar su desempeño.

Si algún sentido tiene la evaluación es aportar información de lo que se quiere modificar para analizar si las medidas adoptadas producen los resultados esperados. Si lo que se quiere cambiar es la educación hay que evaluar el o los proyectos educativos, y sólo como una parte de ellos a los maestros. Para esto la evaluación tiene que descentralizarse y ser diagnóstica (para no jerarquizar a los docentes con premios y castigos) y permitir que se haga con múltiples instrumentos y de manera colegiada para que los indicadores los establezcan los propios actores educativos y maestros con experiencia, con base en el proyecto de cambio pedagógico que se pretenda impulsar. En estos años de desastre pedagógico oficial, en gran parte de las entidades los docentes, que no sólo protestan, sino que también trabajan en desarrollar alternativas pedagógicas, han generado interesantes proyectos educativos locales que es importante apoyar e impulsar porque responden a las necesidades de contextos particulares y han sido probados durante años.

Sería conveniente que la SEP, en vez de hacer enormes gastos inútiles y reformas que ya han desgastado a los maestros, mejore las condiciones de trabajo docente y plantee contenidos mínimos, básicos, interculturales (porque somos una nación pluricultural) para la población nacional y bien fundamentados pedagógicamente que permitan profundizar la enseñanza apoyando la formación de maestros. Estos contenidos nacionales mínimos tienen que dejar los espacios que permitan incorporar proyectos pedagógicos complementarios, generados desde escuelas y zonas con condiciones socioeconómicas, lingüísticas y culturales similares.

No es posible mejorar la educación nacional si en ello no se involucran de manera consciente y convencida los maestros y esta reforma está provocando su participación decidida, pero en contra de la reforma. Si queremos tomar como ejemplo lo mejor que se realiza en el campo de la educación a nivel internacional y no los proyectos fallidos, deberíamos aprender que una de las bases de la buena educación de Finlandia es el más alto reconocimiento social y buenos salarios para los docentes de todos los niveles, y no su desprestigio social, como se está haciendo en México.