s pregunta ociosa, pero ¿por qué el gobierno siempre intenta resolver los problemas y corregir sus espeluznantes derivaciones sociales cuando la situación alcanza niveles verdaderamente explosivos? ¿Por qué la autoridad nunca es preventiva y, siempre de forma por demás tardía, pretende arreglar el entuerto una vez que la mecha es milimétricamente corta? Es práctica añeja que se registra en todas las actividades, en todos los sectores de la vida nacional, y milagrosamente la bomba no le ha estallado en la cara.

Lo mismo se da con la voluminosa deuda de los estados que con el hambre que recorre la República y su cruzada; con la educación (una década torturando a los niños con Enlace) y la inseguridad (incluyendo ex presidentes mariguaneros); con el (raquítico) crecimiento económico y el desempleo galopante y, en fin, con todo lo que se quede en el tintero que a lo largo de tres décadas hizo crecer y crecer una bomba social que, de seguir las cosas como van, no tarda en reventar.

Valga lo anterior para presentar en sociedad el más reciente programa gubernamental, una cruzada más, pero ahora en contra de la informalidad en el ámbito laboral o, si se prefiere, a favor de la formalización del empleo. Y esta campaña se anuncia con bombo y platillo justo en el límite, cuando el problema no sólo es explosivo, sino de complicadísima resolución, pues tres de cada cinco mexicanos en edad y condición de trabajar se ocupa en la informalidad y, como siempre, en la construcción de esta bomba de tiempo nadie acepta paternidad alguna, a pesar que de mucho tiempo atrás el monstruo y su creciente tamaño era por todos conocido y por la mayoría laboral padecido.

¿Dónde quedaron los gobiernos anteriores al de Peña Nieto, más los estatales, que lejos de intentar resolver el problema lo estimularon? ¿Dónde el Congreso y los partidos políticos que nada hicieron para impedir la permanente violación constitucional en materia laboral? ¿Dónde los empresarios que del outsourcing, el pago de salarios de hambre, la permanente reducción de prestaciones, y la evasión de su responsabilidad legal y social (IMSS incluido) hicieron su principal herramienta para incrementar sus ganancias, con la connivencia de las supuestas autoridades laborales?

El tamaño de la informalidad en el país sólo se reconoció de forma oficial con el cambio de gobierno (el que llegó después del presidente del empleo), cuando el Inegi –que la conocía a detalle desde siempre– cambió la metodología para medir el tamaño de aquella y divulgó que 60 por ciento de los mexicanos ocupados sobrevivían fuera del sector formal de la economía. Pero hoy los mismos que la alimentaron se dicen sorprendidos por la dimensión del entuerto y prometen portarse muy bien (de palabra, claro está) para que la República se formalice (laboralmente hablando).

Así, con el monstruo a sus espaldas, y la clase política a su diestra y siniestra, el presidente Enrique Peña Nieto encabezó un bonito acto en el que anunció su Programa para la formalización del empleo 2013, con el fin de que las empresas se apliquen y otorguen empleos dignos que cumplan con la ley y otorguen seguridad social, salarios dignos y prestaciones de ley. Así de fácil, y así de rápido los empleadores del país aceptaron sin chistar y aplaudieron a rabiar, porque saben que es parte de la escenografía.

Pero al monstruo no se le combate con bombos y platillos, aplausos y floridos discursos, sino con hechos, en el entendido de que no pocos de los responsables del tamaño del problema y de la mecha cada día más corta se congregaron ayer en Los Pinos para suscribir el compromiso de formalizar el empleo. Pero, de entrada, sin crecimiento económico no hay empleo formal, y sin el primero el segundo no existe, ergo, el nuevo programa es fácilmente desechable y quedará en el aire, como tantos otros, en la medida de que el país se mantenga en el hoyo, producto del mismo modelo, de idénticas recetas y de los políticos y empresarios de siempre.

Treinta millones de mexicanos, más sus respectivas familias, sobreviven hoy en la informalidad y bien valen un programa especial, pero si el gobierno y su mancuerna, los empresarios, no lo hacen bien o simplemente no lo cumplen, como es tradición, entonces mañana serán 40 millones o más, si es que el país resiste.

El citado número de mexicanos en la condición descrita no creció de la noche a la mañana, aunque algunos gobiernos destacaron por su creatividad, como en los de Fox-Calderón. Pero, oficialmente, nadie se dio cuenta del problema hasta que el Inegi –que ya sabía de qué se trataba, pero nunca se animó a reconocerlo en público, hasta que cambió el inquilino de Los Pinos y se legalizó el outsourcing– informó que, ¡sorpresa!, 60 por ciento de los mexicanos ocupados carecía de protección legal y que las empresas alegre y permanentemente violaban la Constitución.

Entonces, si los gobiernos hubieran actuado de forma preventiva, y de forma legal el Congreso junto con los empresarios, el nivel de bienestar de los mexicanos sería muy superior al de ahora, al tiempo que el país estaría atento a otro tipo de escenarios, menos el de una bomba de tiempo de escasísima mecha que, tardíamente como siempre, ahora intentarán desactivar por medio de un programa de formalización, muchos de los que simple y sencillamente la activaron.

En fin, como parte del citado programa desde Los Pinos se recuerda que el artículo 123 constitucional establece que toda persona debe tener acceso al trabajo digno y socialmente útil. Actualmente 59 por ciento de la población ocupada labora en condición de informalidad, es decir, no cuentan con el amparo del marco legal o con seguridad social. Todos los mexicanos merecen la oportunidad de tener un trabajo formal, con los derechos que éste conlleva. La informalidad afecta al trabajador y su familia. La informalidad nos afecta a todos como sociedad: vulnera los derechos de las personas y limita el verdadero potencial económico de México.

Y Peña Nieto concretamente dijo que para la sociedad, la informalidad es una salida falsa, es cierto; libera presiones de empleo en el muy corto plazo, pero genera enormes pasivos sociales con el tiempo, y para revertir esta situación es indispensable que el Estado rediseñe sus políticas a partir de una premisa fundamental: crear más empleos formales y más productivos. Bien, pero hubiera sido más fácil y productivo, económica y socialmente, cumplir con lo que ordena la Constitución.

Las rebanadas del pastel

Pues nada, que los mexicanos no quieren que les modernicen la industria petrolera (aún) nacional, porque la inversión foránea sería un ataque a la soberanía (La Jornada, Enrique Méndez). Así o más claro.

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