Brasilia, 22 de julio.

Un mes después de que manifestantes se subieron al techo del Congreso brasileño para exigir el fin de la corrupción y la limpieza de la política en el país, los legisladores actúan con dilaciones.

En una ola inicial de actividad, los acosados congresistas desecharon una enmienda constitucional que habría dificultado los procesos contra políticos corruptos; los senadores votaron para endurecer las penas por corrupción, y la Corte Suprema ordenó el arresto de un legislador acusado de malversación.

Pero otras propuestas de reformas que reducirían los privilegios que tienen los políticos, y propuestas para una mayor transparencia del gobierno han sido desviadas a comités o pospuestas hasta que los legisladores regresen de su receso de mitad de año.

El estallido de ira popular golpeó al mundo político y arrancó promesas de reforma de la presidenta Dilma Rousseff, cuya popularidad cayó desde las manifestaciones, empañando sus posibilidades de relección en 2014.

Los legisladores, incluidos los del gobernante Partido de los Trabajadores, se opusieron a la propuesta de Rousseff de realizar un plebiscito para que los brasileños expresaran qué cambios quieren en el sistema político, e insistieron en redactar ellos mismos las reformas.

Ley contra sobornos

Las masivas protestas realizadas por todo el país aceleraron la aprobación de un proyecto anticorrupción, que por primera vez hará que se pueda procesar a empresas privadas si realizan pagos a funcionarios públicos.

La norma, que Rousseff firmaría la semana próxima para que se convierta en ley, fue exigida por la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) y solicitada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El contralor general de Brasil, Jorge Hage, dijo que la legislación es una herramienta vital contra los sobornos. La norma aplica multas hasta de 20 por ciento de los ingresos brutos de las empresas condenadas y las veta de los contratos con el gobierno.

(Con las movilizaciones), el Senado se vio presionado a aprobar rápidamente la legislación, que salió en tiempo récord, dijo Hage.

En un histórico fallo, el año pasado la Suprema Corte condenó a varios asesores de alto rango del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva dentro del mayor juicio por corrupción en la historia del país.

Los asesores recibieron penas de cárcel por su papel en un esquema para comprar apoyo en el Congreso para el gobierno de Lula, hace una década. Pero ninguno ha estado ni un día tras las rejas y recuperaron sus puestos en el Congreso.