La presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Lorena Cruz Sánchez, indicó que las dependencias de los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) deben establecer y definir con claridad políticas públicas y compromisos para eliminar la desigualdad entre hombres y mujeres en el país.

El gran reto que enfrentamos es lograr que las dependencias gubernamentales construyan su propia agenda de género, la que además de ser visible debe estar inmersa en programas, planes y acciones, y sobre todo establecer metas claras a las que se pueda dar seguimiento puntual con indicadores precisos, subrayó.

Precisó que las brechas entre estos dos sectores de la población son más profundas en educación, condición económica, salud, justicia, participación política y violencia.

En la inauguración del foro nacional para elaborar el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres (Proigualdad) 2013-2018, reconoció que el desafío es mayúsculo.

Ante la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles; la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón (quien se negó a dar declaraciones a la prensa); Ricardo Bucio, titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred); legisladoras, representantes de ONU-Mujeres y de asociaciones civiles, Cruz exhortó a construir un programa que incluya propuestas de política pública y acciones que cubran los temas que afectan a este género.

Es indispensable visibilizar las necesidades de las mujeres en cada una de las temáticas, tanto de las indígenas, como de quienes sufren discapacidad, migrantes, adolescentes, adultas mayores y niñas, ya que enfrentan problemas adicionales a la vulnerabilidad que viven.

Destacó que las propuestas de la sociedad serán fundamentales para lograr la articulación de Proigualdad con las cinco metas del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

Lento avance en el país: ONU-Mujeres

En tanto, la asesora técnica en estadísticas y política de igualdad de ONU-Mujeres, Paz López Barajas, señaló que pese a las modificaciones constitucionales  en materia de derechos humanos, es lento el avance en el país, además de que las organizaciones feministas enfrentan dificultades en su lucha por una mayor igualdad de las mujeres.

Indicó que aun cuando se ha reconocido lo establecido en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de la ONU (Cedaw, por sus siglas en inglés), preocupa que se incorpore de manera plena la igualdad de género en los planes, programas y legislaciones de los estados.

El presidente del Conapred, Ricardo Bucio Mújica, aseguró que México se construyó a partir de decisiones diseñadas para privilegiar a los hombres en el terreno económico, político y social, y sólo se abrieron pequeños espacios a las mujeres donde –pese a los avances en los ámbitos legislativo, político y social– persiste la desigualdad de trato, marginación y exclusión hacia hacia ellas.

A dicha discrepancia, dijo, Proigualdad tendrá que hacer frente mediante el diseño de políticas públicas que incluyan y consoliden la perspectiva de equidad de género, la cual debe transversalizarse en el PND, y cumplir con la reforma al artículo primero constitucional en materia de derechos humanos.