as protestas realizadas en días recientes por ejidatarios y comuneros agrupados en el Frente Unidos en Defensa de Tepoztlán (FUDT) son una expresión clara del descontento social y del potencial conflictivo en esa población a raíz de la determinación del gobierno federal –apoyado por las autoridades estatales y municipales– de iniciar las obras de ampliación de una carretera de cuota.
Como parte de estas acciones de inconformidad, integrantes del FUDT realizaron una toma del palacio municipal la noche del martes, lo que derivó en la suscripción de un acuerdo con el alcalde perredista Francisco Navarrete Conde, por el cual éste se comprometió a sumarse a la defensa del territorio comunitario. Dicho acuerdo, sin embargo, fue desconocido e incumplido ayer por las propias autoridades municipales, lo que derivó en el establecimiento de un plantón a las afueras del ayuntamiento local y en nuevos bloqueos carreteros.
Este escenario de creciente conflictividad social hace recordar el historial de acciones de resistencia popular en la localidad morelense desde hace décadas en contra de diversos proyectos de infraestructura turística y vial, entre los que destacan un teleférico en el Cerro del Tepozteco, un circuito carretero y un club de golf.
En el caso comentado, la negativa de los campesinos y ejidatarios del poblado morelense a la ampliación de la vía de cuota La Pera-Cuautla se funda en consideraciones sólidas, y hasta ahora no refutadas, desde el punto de vista técnico y ambiental. Lejos de reportar beneficios a las comunidades vecinas, es previsible que el proyecto mencionado –que implicará la expropiación y devastación de 125 hectáreas de territorio de Tepoztlán– derive en una mayor destrucción y explotación de la zona, declarada reserva ecológica en 1937 por el gobierno de Lázaro Cárdenas; propicie un avance descontrolado y nocivo de la urbanización y permita el surgimiento de pingües negocios de especulación inmobiliaria que enriquecerán a particulares y empresas dedicadas al fraccionamiento y la construcción, a costa de la población.
Las razones mencionadas serían suficientes para rechazar la referida ampliación carretera, pero a ello se suma la forma autoritaria, antidemocrática e ilegal con que las autoridades y la empresa constructora Tradeco –una de las mayores beneficiarias de contratos de obra pública durante la pasada administración– han venido impulsando el proyecto, sin contar con el consentimiento ni con los permisos correspondientes, y sin respetar las normas y las instancias de decisión soberana comunitarias.
Las expresiones de descontento de los comuneros y ejidatarios del municipio morelense son, en suma, consecuencia lógica y previsible de un episodio en que se conjugan el autoritarismo, la torpeza política y la voracidad empresarial. Por desgracia, si los gobiernos federal, estatal y municipal no revisan su rumbo de acción, irán apareciendo, conforme avancen los trabajos de la ampliación carretera, escenarios de mayor crispación y encono social.
