a arrogancia e impunidad que ha sostenido la empresa minera canadiense Excellon Resources contra sus trabajadores de la mina La Platosa y contra los ejidatarios de La Sierrita, en el estado de Durango, ha provocado un nuevo elemento en la confrontación. Diversas firmas e instituciones canadienses decidieron retirar sus inversiones en esta empresa por el manejo arbitrario, ilegal y contrario a los derechos humanos con que se han conducido sus operadores en México, lo cual constituye el más duro comentario hacia su conducta en este enclave minero.

Simplemente, sus financieros se han inconformado por la ilegalidad de las actuaciones de Excellon y se van de la compañía en una actitud duramente crítica contra el torpe manejo de esta empresa.

 El de Excellon y sus dirigentes, tanto en Canadá como en México, es un caso de verdadera obstinación. En 2008 esta compañía firmó un contrato de arrendamiento de tierras con los ejidatarios de La Sierrita para usos mineros de la empresa, que los ejidatarios cumplieron, pero que la compañía se negó desde un principio a satisfacer, lo cual equivale a un robo que los campesinos con gran dignidad naturalmente no aceptaron.

Casi al mismo tiempo, la empresa entró en conflicto con sus trabajadores, quienes por medio de un paro de actividades, desde el 5 de julio de 2012, postularon que la empresa debía respetar su libre decisión de pertenecer al Sindicato Nacional de Mineros, que ella se niega a reconocer. Estos hechos derivaron en la atrocidad de que, el 29 de agosto de ese mismo años, Excellon, coludida con autoridades federales y de Durango, invadió la mina La Platosa y el ejido La Sierrita, con soldados y policías fuertemente armados.

Trataron de obligar por la fuerza a los mineros a regresar al trabajo y a los campesinos a desistirse de su protesta en contra de Excellon Resources Inc. por incumplimiento del contrato de 2008. La compañía no consiguió su propósito, pero ensució y complicó más la situación.

Todos estos hechos fueron persistentemente denunciados ante los gobiernos de México y de Canadá. El nacional, encabezado por Felipe Calderón, no dio nunca un sólo paso para sentar a negociar a la empresa con los trabajadores mineros y con los ejidatarios. El Sindicato Minero ha denunciado que atrás de la arrogancia de Excellon se encuentra el apoyo de altos funcionarios y políticos de México y Durango, seguramente heredados de los dos gobiernos anteriores del Partido Acción Nacional, sobre los cuales el Sindicato Minero ha urgido para que sean descubiertos y procesados penalmente por sus atenta-dos contra los derechos legítimos de trabajadores de La Platosa y de campesinos de La Sierrita. Es más, se comenta en privado que hay un operador, de nombre Oliver, que actúa en representación directa de un ex presidente de la República.

Por su lado, la gran organización aliada a los Mineros de México, el sindicato de los United Steelworkers de Estados Unidos y Canadá (USW) contó siempre con el apoyo en Canadá del Consejo de Responsabilidad Social Corporativa del Sector Extractivo de ese gobierno, para que Excellon fuera penalizada por violaciones en México a las directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Sin embargo, en un acto vergonzoso, la parte gubernamental mexicana en este organismo rechazó la denuncia, poniéndose del lado de la empresa. Ésta a su vez se negó a participar en un diálogo de buena fe con los Mineros de México y los ejidatarios de La Sierrita, durante la Reunión Anual de 2011 de los Puntos Nacionales de Contacto de la OCDE. Ni trabajadores ni ejidatarios cerraron nunca las puertas al diálogo, sino que fue Excellon la que se negó en redondo a siquiera sentarse a dialogar y mucho menos a negociar.

 Ante estos hechos, el Plan de Pensiones de Canadá (CPPIB), equivalente al Consar de México, que administra los megamillonarios fondos de pensiones de todos los canadienses, decidió retirar su inversión en Excellon Resources, bajo la base de que los inversionistas tienen obligaciones para invertir de manera responsable y evitar violaciones a los derechos humanos. Así, el fondo pensionario canadiense, en 2013 retiró 3 millones de acciones de la empresa minera con sede en Toronto, Canadá.

En 2012, las firmas Matrix Asset Management y Dimensional Fund Advisors habían retirado sus inversiones en Excellon, igualmente por las violaciones legales y a los derechos humanos de mineros y campesinos de Durango. Como bien lo ha señalado Ken Neumann, director nacional de los USW en Canadá, el futuro de esta empresa, por más apoyos o intereses económicos que tenga, se encuentra en evidente riesgo.

Este es un hecho tangible y ejemplar de la solidaridad entre sindicatos de México y Canadá, el cual revela que la Alianza Estratégica entre el Sindicato Minero y los United Steelworkers, formalizada en 2005 y fortalecida y ampliada en 2011, opera a plenitud, ya que no sólo se manifiesta en este caso, sino en muchos otros, como el de PKC Arneses de México, de Ciudad Acuña, Coahuila. Esta alianza habrá de seguir adelante, con más bríos. No es posible que la política patronal y fascista de los gobiernos de Acción Nacional se mantenga hasta el presente, como si siguieran gobernando los panistas.

El respeto estricto a las leyes mexicanas y a los derechos laborales y humanos, es una obligación absoluta para todas las empresas, sean nacionales o extranjeras. Por eso, sería indispensable que el PRI y el gobierno de Enrique Peña Nieto actuaran contra los desatinos proempresariales de aquellos funcionarios antisociales y antiobreros que han cometido o cometen abusos y violaciones al estado de derecho, porque así lo exigen la justicia y la urgencia para demostrar que sí está funcionando la nueva política de mover a México.