i a escala social las complicidades entre gobernantes y empresarios son toleradas, en lo taurino no podía ser diferente, habida cuenta que público y aficionados, como toda minoría, no representan un capital político significativo. A lo anterior hay que agregar la indolencia de aficionados y crítica especializada, cuando no su abierta complicidad con el autorregulado duopolio que dice promover la fiesta de toros en el país. Dos botones de muestra:

La Asociación Nacional de Veterinarios Taurinos, AC., que preside el médico veterinario Gerardo Segura Bernal, emitió el siguiente oficio a la opinión pública: Sirva el presente para expresar nuestro repudio a las acciones realizadas por la empresa que maneja la Plaza de Toros México en contra de nuestros compañeros médicos veterinarios, los doctores Santiago Aja Guardiola y Benjamín Calva Rodríguez, puesto que se les ha impedido realizar sus labores como peritos veterinarios taurinos, además de ser blanco frecuente de intimidaciones.

“El médico (veterinario) de plaza de toros –continúa el comunicado– tiene como función primordial salvaguardar los derechos de quienes acuden a los festejos, atendiendo lo que suscribe el reglamento taurino correspondiente y que básicamente trata de que las reses a lidiar sean aptas para la lidia, es decir, que cumplan con la edad, peso y trapío reglamentarios. Es una verdadera pena que en la principal plaza del país no se respeten los derechos del aficionado y de paso ocurra el atropello a los derechos de las autoridades que sí cumplen con su cometido.

“Es por ello –concluye el comunicado– que la Asociación Nacional de Veterinarios Taurinos, AC., expresamos de manera enérgica nuestra inconformidad con el trato que se les ha dado a nuestros compañeros y pedimos a la autoridad selegacional tome cartas en el asunto y haga cumplir debidamente el reglamento taurino, lo que redundará en un bien para la fiesta brava en nuestro país.”

Salvo los tiempos de un aguerrido delegado suplente en Benito Juárez que pronto fue mandado a la banca, los sucesivos titulares de esa demarcación, del PRI, PAN o PRD, nunca han tenido los tamaños para obligar a la empresa a cumplir el reglamento taurino, y menos a llevar a cabo exámenes post mortem de las reses que allí se lidian. Sus particulares razones tendrán, como aclaró un convenenciero y llorado publicronista: las grandes concurrencias, no van a ver masivamente a los reglamentos sino a los toreros de verdad.

El pésimo ejemplo de la Plaza México y el Gobierno del DF cunde. Saltillo, capital del exprimido pero conformista estado de Coahuila, no podía ser la excepción a esta crisis taurina que fomentan los que dicen arriesgar su dinero en beneficio de la fiesta de toros, al igual que gobernadores instalados en un taurinismo de relumbrón, como Humberto Moreira, o en un antitaurinismo de ocasión, como Rubén, su hermano y sucesor en el cargo.

Tras estas antojadizas filias y fobias taurinas hay algo más, pues mientras Moreira I creó un fallido pero costoso museo taurino –15 millones de pesos– a través del desaseado Instituto Coahuilense de Cultura y su alegre titular, Armando Guerra, de pronto Moreira II dejó de asistir a las plazas de toros y brindó su apoyo a una trasnochada iniciativa de Ley que prohíbe la fiesta brava en Coahuila. Y en medio de las fraternas contradicciones, el multimillonario minero y ganadero Armando Guadiana y su inefable asesor José Rodríguez Luévano, supuestos promotores de la fiesta en Saltillo, que por lo pronto se ha quedado sin su tradicional feria taurina.