Vecinos denunciaron que a un año de ser desalojados, golpeados y hostigados por los cuerpos de seguridad, por impedir el paso de la supervía por La Glorieta de las Quinceañeras, en la delegación Magdalena Contreras, ningún funcionario de las secretarías de Gobierno y Seguridad Pública que participaron ha sido sancionado.

La denuncia interpuesta en la Fiscalía de Responsabilidad de Servidores Públicos con la averiguación FSP/B/2123/12-09 continúa archivada, a pesar de la presentación de fotografías, videos y testimonio de testigos ante el Ministerio Público.

Mientras, los involucrados en estos actos se mantienen impunes y cometiendo más abusos contra los ciudadanos que alzan su voz ante este tipo de atropellos, señaló Mónica Tapia, activista ambiental en contra de la supervía, que ha resultado un gran negocio para las empresas constructoras.

En conferencia de prensa señalaron que las injustas condiciones establecidas en el título de concesión a favor de las empresas Copri-OHLMx evitó la realización de una consulta pública, evaluar sus costos ambientales y aprobar una manifestación de impacto ambiental con grandes deficiencias.

Además de hipotecarse las finanzas de la ciudad por 30 años, pues aun cuando se fijaba una cuota inicial de 28 pesos, a aumentarse si las condiciones sociales lo permiten y el desempeño económico y operativo así lo justifique, hoy cuesta 31 pesos, comentó.

En caso de que las autoridades soliciten una reducción de la tarifa, señaló, deberá firmarse un convenio donde se establezcan los mecanismos financieros o fiscales por medio de los cuales compensará la diferencia entre las tarifas vigentes y las especiales que se contemplen en el convenio.

Las empresas, por su parte, están obligadas a presentar un reporte semestral a la Secretaria de Finanzas de los ingresos brutos tarifarios dictaminados por un despacho externo, pero no lo ha hecho, como tampoco depositar el uno por ciento a un fondo ambiental.

A las citadas anomalías se suma el tirar cascajo de la construcción de esta vialidad en el ejido de San Nicolás Totoloapan, en el Ajusco, una de las zonas de captación de agua para la infiltración del acuífero más importantes y derogó la denominación de área de valor ambiental a Tarango.

Con ello, denunció, se abrió la puerta a los desarrollos inmobiliarios de un área que antes se reconocía como la última barranca del poniente del Valle de México que se encuentra libre de urbanización, y no se ha cumplido con el programa de reforestación acordado, ni existe seguimiento sobre la sobrevivencia de los árboles plantados.