on diversos los casos de violación grave de derechos humanos que permanecen bajo el manto de la impunidad en todo el país. Destaco los emblemáticos de 1968 y 1971 y la masacre de Acteal, en 1997. Las discusiones del año 2000 sobre la pertinencia de crear una comisión de la verdad o bien una fiscalía especializada en la investigación sobre delitos del pasado privilegió esta última bajo el supuesto de que tendría efectos jurídicos inmediatos con la consignación de presuntos responsables. Hoy seguimos sin sentenciados por esos crímenes, y en el caso de Acteal con sentenciados como autores materiales liberados en el último tiempo por consideraciones de violación al debido proceso, mientras la autoría intelectual se encuentra en el limbo. Quien fue presidente de la República en tiempos de masacres obtiene nominaciones a favor de la paz y el diálogo, y logra el ingreso como miembro al colectivo The Elders, a la vez que obtiene un triunfo jurídico político con la decisión del juez de la corte de distrito del estado de Connecticut, que desechó la demanda en su contra por su presunta responsabilidad en la matanza de Acteal en 1997. Por su parte, su autoexonerado secretario de Gobernación Emilio Chuayffet hoy despacha en la oficina de la SEP, mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sigue estudiando el caso. En los hechos el crimen de Estado se mantiene impune, con lo cual la ausencia de justicia conlleva el vacío de garantías de no repetición.
Justamente en estos días se vivieron en Chiapas señales de alto riesgo que deberían motivar una intervención social decidida para exigir garantías. La organización civil Las Abejas sabe de qué habla cuando evoca el ambiente de confrontación que precedió a la masacre de Acteal en relación con los recientes hechos violentos en el ejido Puebla (municipio de Chenalhó), motivados por una presunta disputa por el terreno que ocupa hace décadas una ermita católica. Por ello consideran que son un mensaje de odio y de violencia
. Evangélicos priístas, vinculados con los paramilitares que perpetraron la masacre de Acteal, detuvieron en días pasados a tres tzotziles, acusándolos sin pruebas de contaminar
el agua de la comunidad. Las diferencias por motivos religiosos se han presentado décadas atrás, pero la clave para que no deriven en conflictos mayores ha estado anclada en los procesos de conciliación internos, ello cuando el ámbito comunitario no está penetrado por intereses caciquiles frecuentemente asociados de manera especial al que otrora fue considerado partido oficial. Sin embargo, la región actualmente mantiene latente la tensión derivada de la estrategia contrainsurgente aplicada, entre otros elementos, con el apoyo y/o la formación de grupos paramilitares. De esta manera se configura el escenario de los llamados conflictos intracomunitarios
con los que el Estado pretende exculparse. El componente de provocación está claro, por ello la junta de buen gobierno de Oventic denunció la violencia ocurrida el pasado 20 de julio en el ejido Puebla, municipio autónomo de San Pedro Polhó. Y señaló: el problema aparentemente es sobre la construcción de la ermita; cuando en realidad es un ataque contra las bases de apoyo zapatistas y sus simpatizantes, que desde hace años también son víctimas de amenazas, desplazamientos y otras barbaridades de paramilitares, autoridades comunitarias, municipales, estatales y federales
. Y sentenció: Los gobiernos, jueces y ministerios son expertos en fabricar delitos a personas inocentes y nunca en aplicar justicia
. Los detenidos fueron liberados con la defensa del centro Frayba. Evidentemente, el conflicto no está desactivado y por acción u omisión son presuntos responsables de lo que suceda tanto el gobierno en Chiapas como el federal. De la Cocopa poco o nada se puede esperar ocupados como están los partidos en disputarse el turno de su presidencia que les da acceso a recursos. La CNDH bien haría en acercarse a Chenalhó y dar cuenta del riesgo latente de repetición que lamentablemente está presente.
Lejos estamos en el país de condiciones para ejercer el llamado derecho a saber, derecho colectivo que tiene origen en la historia para evitar que en el futuro las violaciones se reproduzcan. Lo dijo muy bien Joinet en su clásico informe sobre impunidad: “Para poder dar la vuelta a la página es necesario ¡haberla leído! Pero la lucha contra la impunidad no es tan sólo una cuestión jurídica y política; ¿no nos olvidamos a menudo de su dimensión ética? (Informe final M. Joinet ONU CDH, 49 sesión Distr. General E/CN. 4/Sub. 2/1997/20/Rev.1 2 octubre de 1997.)
Obviamente el gobierno federal no está para dimensiones éticas; sus empeños están en sus llamadas reformas estructurales, en abrir al capital privado el control del petróleo, lo cual no es privatizar, dicen, con Perogrullo como libro de cabecera.
