a información oficial más reciente en materia de deuda pública permite ponderar un crecimiento desmedido y poco responsable de ese indicador en los últimos años: mientras al inicio de este siglo los débitos del sector público ascendían a poco más de 2 billones de pesos, al segundo trimestre de 2013 la suma se ubica en 6 billones 62 mil millones de pesos, equivalentes a 38 por ciento del producto interno bruto.
Debe señalarse que el arribo a esa escandalosa cifra coincide con un proceso de desaceleración económica que ha orillado a moderar incluso los pronósticos de crecimiento –generalmente optimistas– de las autoridades del país. Esto, a su vez, ha ido aparejado a una menor captación de recursos públicos por concepto de algunos ingresos tributarios, no tributarios, petroleros, y en general, por un desplome en las fuentes de ingresos del gobierno. En pocas palabras, los niveles de endeudamiento público registrados en los pasados dos sexenios no sirvieron para reactivar la economía y financiar el desarrollo nacional, sino acaso para financiar los costos de un gobierno oneroso e ineficiente mediante la transferencia de recursos a acreedores privados, tanto internos como externos.
La razón de esta circunstancia es la continuidad de un paradigma en el manejo de las prioridades presupuestales y de las finanzas públicas, diseñado para favorecer a los grandes capitales y no a la población en general, lo que deriva en un déficit de recursos para mejorar las deterioradas condiciones de vida de la población.
Un ejemplo paradigmático de ese modelo es la situación de ganancias que tiene la banca privada en el país, cuya mayor parte está en manos de extranjeros, lo que contrasta con el estancamiento generalizado de la economía nacional. Significativamente, el banco BBVA dio a conocer que los ingresos de su filial mexicana ascendieron a mil 160 millones de dólares durante el primer semestre de este año, lo que representó más de 30 por ciento de las ganancias globales de la trasnacional española, las cuales, a su vez, crecieron más de 90 por ciento en el mismo periodo.
Esto obliga a recordar que desde la privatización decretada durante el salinato y el corrupto y oneroso rescate que emprendió la administración de Ernesto Zedillo, las corporaciones bancarias privadas, hoy en manos foráneas en su casi totalidad, han obtenido ganancias astronómicas –transferidas, en la mayor parte, a sus matrices en el extranjero–, no mediante la captación del ahorro y el otorgamiento de préstamos, sino medrando de los bonos del Fobaproa –financiados con deuda pública– e imponiendo sin control oficial alguno costos y condiciones leoninas tanto a ahorradores como deudores privados. Tal circunstancia ha tenido un costo funesto para el desarrollo nacional, por cuanto los sectores productivos del país –especialmente el campo y las pequeñas y medianas empresas– han vivido durante lustros sin disponer de crédito.
Cabe inferir, a la luz de los elementos de juicio referidos, que el país está en condiciones de generar riqueza a escala suficiente para financiar sus necesidades en energía, infraestructura, desarrollo económico y social sin tener que endeudarse y sin privatizar, como se pretende, los pocos filones redituables que quedan de propiedad pública. Bastaría para ello poner un freno a la economía de saqueo que practican varias entidades privadas extranjeras que operan en el país y reorientar el manejo de las finanzas por el gobierno hacia un sentido social, responsable y sostenible.
