En las cárceles de los estados de Oaxaca y Guerrero suelen ocurrir múltiples violaciones a los derechos humanos en contra de los indígenas y las mujeres, entre ellos el abuso de la prisión preventiva, ya que en muchos casos los acusados deben esperar un promedio de cinco años para recibir sentencia, cuando el plazo máximo establecido en la Constitución para dicha situación es de sólo dos años.

Así lo advirtió un estudio de la organización Asistencia Legal por los Derechos Humanos (Asilegal), en el que también se puso de relieve que los miembros de los pueblos originarios son expuestos con frecuencia a tratos denigrantes, no tienen acceso a un intérprete para entender de qué se trata su proceso y se les priva de todo contacto con su abogado.

Luego de visitar 13 centros penitenciarios en Guerrero y Oaxaca, donde aplicó más de 250 encuestas a los internos, el colectivo descubrió que los indígenas deben esperar un promedio de cinco años para recibir sentencia, aunque hay muchos que llegan a estar tras las rejas hasta 14 años sin que se defina su situación, explicó José Luis Gutiérrez, director de Asilegal.

Hay una gran cantidad de violaciones al debido proceso. Muchos de los presos indígenas son maltratados o golpeados, se les priva de comunicación con sus abogados o personas de confianza y no les facilitan un intérprete o traductor, aseveró el activista en charla con La Jornada.

Los abusos e irregularidades contra los reos indígenas son de tal magnitud, agregó, que en muchas ocasiones basta con que alguien los señale como responsables de algún delito para que sean enviados a la cárcel.

Asilegal descubrió que las mujeres también son víctimas de una aplicación arbitraria de la prisión preventiva, muchas de ellas acusadas de delitos como homicidio, cuando únicamente se hicieron un aborto en ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos.

Hay un patrón de victimización contra las mujeres por el sólo hecho de serlo. Además del abandono social, tienen que enfrentarse a la falta de condiciones dignas de encierro. De 415 penales en todo el país, sólo 11 son exclusivamente femeniles. Hay cárceles en Oaxaca y Guerrero donde detectamos a una sola mujer que debe convivir con 140 hombres, lamentó.

Por todo lo anterior, el equipo de Asilegal pidió que en estos dos estados se acelere la puesta en marcha del nuevo sistema penal acusatorio, en particular la aplicación de la llamada etapa intermedia, en la cual pueden resolverse muchos conflictos judiciales si el acusado se declara culpable de los delitos imputados, sin necesidad de llegar a la fase del juicio propiamente dicha.