El general Ricardo Martínez Perea fue reubicado del penal de las Islas Marías al penal estatal de Mazatlán, Sinaloa, motivado por un amparo de la justicia federal. Esta decisión abre la puerta para que el Supremo Tribunal Militar (STM) tenga a su disposición al general sentenciado a 15 años de prisión y que comparezca ante el Consejo de Guerra Extraordinario en el que se analizará su solicitud de reconocimiento de inocencia.

De acuerdo con la sentencia del octavo juzgado de distrito con sede en el estado de Sinaloa, Martínez Perea también obtuvo una suspensión provisional que lo reconoce como general del Ejército Mexicano hasta tanto se resuelva en definitiva la postura asumida por el STM, el cual sostiene que el militar sentenciado en 2001 a 15 años de prisión por presuntos vínculos con el narcotráfico ya no pertenece a las fuerzas armadas.

El militar alega que fue sentenciado con base en un anónimo que llegó a manos del entonces general secretario Gerardo Clemente Ricardo Vega García, y que, entre otras irregularidades, se le acusó de estar relacionado con Gilberto García Mena, El June, quien fue detenido por tráfico de drogas y quien finalmente tuvo que ser liberado por falta de pruebas.

La decisión del juzgado de distrito dio por buena la argumentación del militar de que después de haber sido sentenciado por un Consejo de Guerra, la Secretaría de la Defensa Nacional no llevó a cabo el trámite correspondiente ante el Senado –el cual ratificó su nombramiento a propuesta del Presidente de la República– para revocar su rango de general, por lo que continúa siendo miembro de las fuerzas armadas hasta que se resuelva el tema en definitiva.

La defensa del general, encabezada por César Gutiérrez Priego, solicitó al juzgado federal que ordene a la Secretaría de la Defensa Nacional que Martínez Perea sea trasladado de inmediato a una prisión militar, en razón de que pertenece a las fuerzas armadas; además, porque en la prisión de Mazatlán ya recibió amenazas de muerte de presos que purgan sentencia por delitos contra la salud.

La demanda incluye que el general Martínez Perea sea trasladado al Hospital Central Militar para ser tratado por médicos especialistas. Lo anterior, no sólo en su calidad de soldado, sino también porque al tener un hijo que es mayor de caballería del Ejército Mexicano tiene derecho a recibir atención médico en instalaciones castrenses.