Nueva York, 1º de agosto.

El senador Patrick Leahy, presidente del subcomité encargado de asistencia al exterior e influyente figura demócrata, logró que se congelaran 95 millones de dólares destinados a la Iniciativa Mérida, y advirtió que podría detener cientos de millones más, presupuestados para el año entrante, porque los gobiernos de Barack Obama y de Enrique Peña Nieto no han presentado detalles suficientes sobre el uso y propósitos específicos para estos fondos.

El tema ‘‘se ve como nada más soltar dinero sin ningún rendimiento de cuentas’’, afirmó el senador Leahy en comentarios publicados por CQ Roll Call, publicación especializada en política legislativa.

Los fondos son parte de los 229 millones solicitados el año pasado por el Departamento de Estado para el año fiscal 2013, bajo la Iniciativa Mérida. Inicialmente, Leahy congeló la suma total expresando que la explicación –de dos y media cuartillas– entregada por el Departamento de Estado no contenía detalles sobre los planes mexicanos para emplear estos fondos, informó un asesor del senador a CQ Roll Call.

Sin embargo, en abril, Leahy descongeló 134 millones de dólares, pero alcanzó a detener los restantes 95 millones en espera de mayores datos, de ambos gobiernos, sobre su uso. A la vez, como lo ha hecho anteriormente, el senador indicó que congelando estos fondos se presiona a los militares y policías federales de México para frenar los abusos de derechos humanos documentados en su lucha contra el narcotráfico.

Según un estudio del Congreso acerca de la cooperación bilateral en materia de seguridad, publicado en junio, se ha erogado un total de 1.9 mil millones de dólares en asistencia para la Iniciativa Mérida entre 2008 y 2012, y aproximadamente 1.2 mil millones de este total fueron entregados desde su inicio hasta abril de 2013.

El informe, encargado al Servicio de Investigaciones del Congreso (CRS), señala que aun ‘‘con poca información pública disponible sobre la métrica específica que los gobiernos de Estados Unidos y México están usando para medir el impacto de la Iniciativa Mérida’’, continúan los debates sobre cómo evaluar estas iniciativas.

A fines de mayo, el secretario asistente de Estado para Asuntos Antinarcóticos, William Brownfield, declaró ante el Congreso que ‘‘aún no contamos con una estrategia definida (del gobierno mexicano) sobre la cual podamos programar’’ fondos para su implementación.

Ante eso, asesores legislativos y expertos en este rubro de la relación señalan que el futuro de los programas (como la Iniciativa Mérida) dependerá en gran medida del giro en la estrategia antinarcóticos anunciado por el gobierno de Peña Nieto, incluyendo, por ejemplo, el papel de las fuerzas armadas y la prometida reforma de las fuerzas policiacas federales.

Según asesores de Leahy, el Departamento de Estado tiene dificultades en presentar más información sobre el uso de los fondos de la citada iniciativa, en gran medida porque hasta la fecha ‘‘no han logrado obtener planes de gastos detallados por el gobierno mexicano’’, reportó CQ Roll Call.

Aunque ambas cámaras del Congreso ya han aprobado los 200 millones en asistencia a México para el año fiscal 2014, los asesores de Leahy aseguraron que si el gobierno mexicano no ofrece un plan más detallado para el uso de los fondos, el senador está preparado para promover su congelamiento. ‘‘Si en seis meses ellos aún no tienen un plan, ese dinero no va a ningún lado…’’ Leahy fue recientemente el responsable de que se incluyeran una serie de requisitos, entre los cuales se obligaba al gobierno estadunidense a asegurar que México está realizando investigaciones y sometiendo a la justicia a oficiales militares y policiacos por violaciones de derechos humanos en operaciones y programas financiados por la Iniciativa Mérida.