Morelia, Mich.,1° de agosto.

Michoacán vive una crisis política y económica, no sólo por la ausencia del gobernador Fausto Vallejo –se separó del cargo hace cinco meses y el pasado 22 de julio solicitó una nueva licencia por seis meses más–, sino porque arrastra una deuda de 25 mil 330 millones de pesos (a la banca y proveedores) que tienen a la administración y a los municipios maniatados, mientras la delincuencia organizada no le da tregua.

Los grupos de autodefensa se han hecho cargo de la seguridad en algunos municipios; los ataques a contingentes de la Policía Federal y el asesinato del vicealmirante Carlos Miguel Salazar Ramonet, el fin de semana pasado, dan una imagen de ingobernabilidad a un estado donde algunas regiones están tomadas por la delincuencia organizada hace por lo menos 10 años.

Apenas tomo posesión, el gobernador Vallejo enfrentó dos problemas: su salud y la economía del estado. Al entonces presidente Felipe Calderón le pidió ‘‘ayuda y comprensión’’ para hacer frente a la mala situación económica, cuya responsabilidad atribuyó a Leonel Godoy, su antecesor perredista. En respuesta, Godoy Rangel hizo un recuento de cómo la administración federal le retuvo participaciones y lo asfixió económicamente en la víspera de unos comicios donde una hermana del presidente (Luisa María Calderón) era candidata a la gubernatura.

Cuando llegó Vallejo se pensó que la Federación frenaría los recortes, pero no fue así. No hubo recursos para incentivar la obra pública y los empleos en los 113 municipios, en una entidad donde de cada peso presupuestado para gastar, 95 centavos llegan de la Federación.

Todavía en octubre de 2012 Vallejo Figueroa ‘‘suplicó’’ el envío de ‘‘recursos emergentes de libre programación’’. Municipios como Erongarícuaro y Churintzio tuvieron que cerrar durante ese mes, porque no había dinero para pagar a los empleados o comprar papel.

El año pasado, el Congreso local autorizó la restructuración de la deuda pública por 11 mil millones de pesos; sin embargo, no lograron una negociación con la banca, a la que se le adeudan 15 mil 480 milones. Hace apenas un mes, la administración estatal consiguió contratar 8 mil millones de pesos con Interacciones. Asimismo, pretende hacer frente a sus deudas por 9 mil 850 millones de pesos a proveedores y prestadores de servicios.

Para diputados y dirigentes del PRD y del PAN, los problemas del estado se deben, en buena medida, a que el gobierno estatal no ha tenido un solo mando. El pasado 8 de marzo, el gobernador Vallejo pidió su primera licencia ‘‘por motivos personales’’. Un día antes, el entonces secretario de Gobierno, Jesús Reyna, informó que desde octubre de 2012 el mandatario priísta se había sometido a varias cirugías. Así, el 19 de abril por la noche llegó al Congreso una nueva solicitud de licencia, esta vez por 90 días. Entre licencia y licencia, el mandatario estatal apareció públicamente y una vez más insistió en que su salud era un tema ‘‘personal’’.

El 21 de abril el Congreso se vio obligado a nombrar a Reyna gobernador interino. El 4 de julio pasado se hizo público que Vallejo se había sometido a un transplante de hígado en Chicago, y apenas el 18 de julio hizo llegar una nueva solicitud de licencia, pero ahora por seis meses y a partir del día 22.

La seguridad del estado se ha ido complicando, al grado que grupos ciudadanos se armaron para defenderse de extorsiones, secuestros, violaciones y asesinatos atribuidos al crimen organizado. Los municipios de Tepalcatepec y Buenavista Tomatlán fueron los primeros en armarse el 24 de febrero pasado. Eran más de 800 personas entre los dos grupos; el primero surgió en la cabecera municipal. mientras que el segundo nació en La Ruana.

A principios de marzo surgió otro grupo armado de autodefensa en la cabecera municipal de Buenavista, que a la fecha persiste, ya que el grupo de La Ruana decidió guardar las armas ante la presión de las fuerzas federales, aunque mantienen la vigilancia de los accesos al pueblo.

En Coalcomán, con la anuencia del alcalde Rafael García Zamora surgió otra autodefensa el 16 de mayo y 15 días después apareció un grupo similar en Chinicuila, con el mismo distintivo de las otras policías comunitarias: playera blanca con el grabado de policía comunitaria, algunos encapuchados y armados con rifles y pistolas, la mayoría de tipo casero.

El 24 de julio reapareció la policía comunitaria de Aquila, que sólo se había dejado ver en la sierra y que a la fecha mantiene el control de las oficinas de seguridad pública. En Aguililla también hay un grupo policial de vecinos; incluso el pasado 13 de julio el edil Jesús Cruz Valencia y varios regidores abandonaron el pueblo por la presión de los comunitarios.

Por otro lado, en la cabecera municipal de Los Reyes, el pasado 23 de julio fueron ultimadas cinco personas y siete más lesionadas. Fue un ataque de civiles armados contra un grupo de ciudadanos que realizaban una manifestación. Según las autoridades, la agresión pudo ser porque entre la gente que se manifestaba frente a la alcaldía había integrantes de la policía comunitaria de Buenavista.

Después se sucedieron los ataques (seis en un día) a la Policía Federal y el asesinato de un alto mando de la Marina. El saldo, sólo del mes de julio, indica 48 muertos, entre policías, pobladores y presuntos integrantes de la delincuencia organizada.