El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) admitió que en los siete homicidios de género que por día ocurren en México, y las 16 mil violaciones sexuales registradas en 2012, se encuentra la omisión de las autoridades locales y de las instancias judiciales responsables de impartir justicia.

De 1985 a 2010, 36 mil 606 mujeres fueron asesinadas, y lo más grave es que de ese total 6.3 por ciento eran menores de cinco años, destacó el coordinador de asuntos jurídicos del Inmujeres, Pablo Navarrete.

Ante legisladoras, especialistas e integrantes de asociaciones civiles en materia de género, admitió que hay trabas para que operen las órdenes de protección y la alerta de violencia de género (AVG).

Aparte del diseño institucional, persiste la cultura patriarcal, machista y misógina que se refleja en todos estos espacios y no está exenta en la toma de decisiones gubernamentales.

Por ello, es que en los pasados seis años sólo se aplicaron 41 mil órdenes de protección, cifra minúscula considerando la dimensión de la violencia contra las mujeres.

Al participar en el foro Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y obstáculos en la implementación de la declaratoria de alerta de violencia de género como mecanismo de protección para las mujeres acusó a los gobiernos de los estados que han cuestionado al Inmujeres en sus facultades para emitir recomendaciones, aun cuando tenemos un mandato muy amplio que la ley del instituto establece en su artículo sexto, de promover, garantizar y difundir los derechos humanos de las mujeres.

A la mayoría de los Congresos locales criticó que sólo hicieron una copia de la ley antiviolencia, excepto en seis entidades que al menos iniciaron procesos de armonización parcial, entre ellas el Distrito Federal y Guerrero (el más completo, con un paquete de 19 normatividades para hacerla compatible con la Ley General). Pero, subrayó, en la mayoría de los estados, entre ellos Chihuahua, persiste el patrón de repetir problemas serios de acceso a la justicia de las mujeres, pese a la sentencia de Campo Algodonero, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2009.

Sin precisar en qué entidades (en al menos cinco no ha prosperado la alerta de violencia de género: estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Oaxaca e Hidalgo) dijo que se enfrentan problemas al implementar los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos y género.

Hay resistencia de algunos gobiernos a declarar la alerta, porque consideran que los instrumentos internacionales se contraponen al ordenamiento local.

Navarrete señaló que ya es tiempo de modificar la Ley General y las leyes locales, y “tipificar el feminicidio, como sea, pero tipificarlo”, pues “se consideran homicidios hasta que no se pruebe que es un feminicidio, y por ello en el proceso se pierden diversas pruebas. No puede ser la propuesta de tipificación una puerta para la impunidad”.

Criticó además el actuar de las procuradurías de justicia, donde imperan visiones asistencialistas, ya que buscan la conciliación en lugar de proteger a las mujeres, a quienes piden que lleven la notificación a su agresor, para que al día siguiente el médico forense levante el cadáver de la víctima.

La especialista Marcela Lagarde, de la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres, exigió al presidente Enrique Peña Nieto y a los gobernadores el establecimiento de un plan de emergencia para enfrentar la violencia de género en el país.