La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, Martha Lucía Mícher Camarena, adelantó que en septiembre próximo se presentará ante el pleno del Congreso la iniciativa de reforma a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

No importa que vengan otras reformas (energética o fiscal); la incluiremos para que no se quede sin presupuesto, dijo en entrevista con La Jornada, tras señalar que durante este mes se afinarán los detalles que faltan para presentarla y abrir el debate.

Detalló que la iniciativa incorpora un capítulo específico de las obligaciones de las autoridades para atender los casos de violencia de género con la debida diligencia y las atribuciones de las dependencias gubernamentales en cada nivel de gobierno (federal, estatal y municipal) en materia de prevención y acceso a la justicia.

Incorpora temas como violencia reproductiva, obstétrica, en medios de comunicación, contra defensoras de derechos humanos y desapariciones de mujeres y niñas, cada vez más frecuentes.

La finalidad es erradicar la omisión que persiste en los gobiernos locales en el combate a la violencia de género, señaló la legisladora.

Durante su participación en el foro Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y obstáculos en la implementación de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género como mecanismo de protección para las mujeres”, en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal la diputada del PRD destacó que la homologación de las leyes en los estados resultó un fracaso que ha propiciado la actuación negligente y omisa de las autoridades de justicia en el país.

Ilustró con datos de feminicidios y violencia de género: en 2012 se presentaron 16 mil casos de violencia sexual contra mujeres, sin contar subregistros y denuncias no presentadas. Y de los 26 mil 37 homicidios dolosos en 2012, reportados el martes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2 mil 774 fueron de mujeres, cantidad preocupante si se suman a 14 mil 994 homicidios registrados de 2001 a 2010, sin que a la fecha se conozca el número real de desaparecidas.

Mícher refirió que la reforma a la Ley General se hace urgente para acabar con la actuación negligente y omisa de autoridades de justicia y locales. “Si bien los gobernadores no han asesinado a las mujeres –subrayó–, han sido responsables de que sigan los asesinatos”, y cuestionó la resistencia de gobiernos locales a declarar la alerta, así como la nula aplicación de las órdenes de protección.