a derecha es persistente en sus exigencias: toda la riqueza debe concentrarse en las pocas manos que la hacen producir de verdad, con eficiencia y eficacia. La riqueza, entendida como patrimonio de la sociedad, no tiene, para ella, ningún sentido. Dar la riqueza a los muchos (las mayorías sociales) es un verdadero desperdicio. Nunca la ha convencido la hipótesis central de la economía política clásica en el sentido de que cuando hay una buena distribución de la producción se ponen las bases para que se dé un aumento en la misma.

La riqueza, para ser productiva, debe estar concentrada. Por eso, para los derechistas, el que exista un aparato económico del Estado con la finalidad de apoyar los procesos productivos de la sociedad resulta ya obsoleto y, de hecho, una aberración, porque esa parte de la riqueza nacional que representa se sustrae a la eficiencia productiva de la riqueza concentrada. Nadie pone en duda que el nacionalismo es un mito y que nuestra historia está llena de mitos. Eso asusta a la derecha, que aún teme a la reacción popular. Por eso combina su objetivo central, que es la concentración de la riqueza, con una falsa adherencia al mito.

No estamos en contra de la propiedad de la Nación, claman los derechistas. No queremos privatizar el petróleo ni la electricidad, afirman. Sólo queremos que esa propiedad sea más eficiente, rematan. Lo que proponen es muy sencillo: que se les permita entrar a la casa de la Nación y a ésta ponerla a la puerta para que se hagan cargo de su funcionamiento, administración y manejo. Ya fuera de la puerta de su casa, la Nación puede jurar que sigue siendo propietaria de la misma y que goza de su usufructo, aunque se la haya echado a la calle y se la obligue, además, a aceptarlo como hecho consumado.

La iniciativa de reforma constitucional (a los artículos 25, 27 y 28) que la dirigencia del PAN y sus grupos parlamentarios presentaron a la Comisión Permanente del Congreso el pasado miércoles 31 de julio, es un ejemplo emblemático de ese modo de proceder de la derecha. Los mitos son obsoletos si es que algún significado histórico pueden tener. La expropiación petrolera es el mito por excelencia que define el nacionalismo mexicano (para afirmarlo, citan a Carlos Fuentes). Pudo haber tenido sentido en su momento, pero hoy ya no.

Se dan cuenta de que tienen que hacer las cuentas con esa tradición nacionalista. Dicen en su iniciativa: Una reforma en el sector energético mexicano conlleva la necesidad de definir correctamente cuáles son los valores, conceptos, concepciones, normas y mitos que conforman las raíces cognitivas [sic] del imaginario popular [sic]. Todo eso no se puede obviar, pero ya es hora de romper con ello: “… sin olvidar la memoria histórica que nos ha forjado como nación independiente y democrática, proponemos romper los viejos tabúes que, con el pretexto de una defensa a [sic] la soberanía mal entendida [sic], han frenado el desarrollo económico del país”.

Después, el texto de la iniciativa panista se extiende prolijamente en un recuento histórico de la industria petrolera y de los esfuerzos legislativos que la acompañaron, centrándose en el periodo que siguió a la expropiación de 1938. No aparece por ningún lado la explicación del sentido de la memoria histórica que nos ha forjado como nación independiente y democrática, según sus propias palabras; más bien, se trata de una continua tentativa de mostrar cómo todo lo que se hizo se hizo mal o, en todo caso, no tuvo los resultados positivos que se buscaban. El nacionalismo fue un total y completo fracaso histórico.

Simple y sencillamente, nun-ca funcionó. Hay una declaración casi al principio del texto que parecería aceptar que hubo algo positivo: El modelo actual llegó a su límite y se encuentra en franco agotamiento puesto que no responde a las necesidades presentes de la sociedad mexicana y es incapaz de adecuarse a los constantes cambios endógenos y exógenos que ponen en riesgo la seguridad energética, las finanzas públicas, los programas sociales y la calidad de vida de la sociedad mexicana. Pero no hay tal. Su punto de partida es que la expropiación fue un error histórico.

El problema es que los panistas no tienen el valor de decirlo con todas sus letras, por miedo evidente a ese imaginario popular del que no entienden ni nunca han entendido nada, pero al que siguen temiendo como al demonio, almas santiguadas como son. Cada reforma constitucional y legal (sobre todo a la Ley de Expropiación de 1936) que se llevó a efecto después de la expropiación de 1938 les resulta abominable, sobre todo porque es para ellos una continua violación del derecho de propiedad privada y una constante negación de lo que para ellos es sagrado, la iniciativa y la libertad de empresa.

Su propuesta esencial es echar a la Nación (así, con mayúscula, como está inscrito en la Constitución) de lo que queda de su casa en el sector energético, Pemex y CFE, dejándola como propietaria nominal y entregando todos los procesos productivos y distributivos a los privados, llamados operadores en la iniciativa. ¡Oh, por supuesto!, ni el petróleo ni los demás energéticos se entregarán a los privados. Irán, finalmente, a Pemex y a la CFE.

No se dice en qué forma, pero se entiende que después de haberlos pagado en todo su valor a los mismos privados que los exploraron, extrajeron, generaron o refinaron.

Lo que no se entiende es qué diablos harán las empresas nacionales en unas cadenas productiva y distributiva en las que no tienen ningún pito que tocar. Ya ni siquiera es posible entender su muy posible papel como simples administradoras de contratos con los operadores. Si, además, se dice que se compartirán los beneficios, entonces ya no se entiende nada. ¿Qué más harán Pemex y CFE, además de pagar los servicios de los privados?

Los panistas no se andan por las ramas: proponen modificar radicalmente el párrafo sexto del 27 constitucional como quedó después de la reforma de 1960 y que dice: “Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado y la Nación llevará a cabo la explotación de esos productos (…) Corresponde a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica”. En su lugar, proponen la siguiente parrafada:

Tratándose del petróleo y de los hidrocarburos provenientes de formaciones geológicas, el Estado deberá garantizar el máximo beneficio de la renta petrolera para la Nación por conducto de operadores que realicen las actividades de exploración y producción conforme al artículo 28 de esta Constitución. Asimismo, para asegurar el uso eficiente y sustentable de los recursos energéticos, el Estado desarrollará estrategias y programas integrales de mitigación y adaptación al cambio climático.

Es probable que los panistas no hayan hecho sino adelantar lo que los priístas se proponen. Lo muestra el que los que más satisfechos se vieron con la propuesta blanquiazul fueron los propios priístas.