Guatemala.

En este país, donde las cúpulas económicas, militares y políticas mantienen un estrecho pacto, y donde el sistema judicial garantizó por décadas la impunidad de los criminales de guerra, despacha en la Fiscalía General una mujer que llegó al cargo procedente de un territorio incómodo para el poder, los derechos humanos. Es Claudia Paz y Paz, jefa del Ministerio Público que ha juzgado y logrado sentencias contra una docena de Los Zetas mexicanos arraigados en el país vecino; que capturó a los jefes de las estructuras del narcotráfico regional, a centenares de perpetradores de feminicidios; que incluso llevó a juicio a un ex dictador, Efraín Ríos Montt, acusado de genocidio.

Entre los sectores que dan voz al tradicional conservadurismo –el Cacif, la Fundación contra el Terrorismo, la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala– se han desatado las presiones para removerla cuanto antes de ese despacho donde, según ella misma admite, se sienta el mayor poder que tiene el Estado en democracia, que es la facultad de encerrar a alguien.

En los años 90 fue asesora jurídica del arzobispado cuando se elaboró el informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico para los acuerdos de paz; durante el periodo de la posguerra fue perito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Y este año fue la fiscalía a su cargo la que presentó la acusación penal, por genocidio, en el caso de Ríos Montt, el juicio del siglo, como lo han llamado por su significado histórico.

Paz y Paz lamenta la decisión que tomó en mayo la Corte Constitucional de anular la sentencia condenatoria por genocidio: De haberse sostenido, hubiera sido una forma de prevenir otras formas de violencia contra los pueblos indígenas.

–¿Algo ha cambiado en el sistema de justicia del país?

–Pusimos a prueba muchas apuestas: poder garantizar las condiciones de mayor seguridad para las víctimas que dieron testimonio en el juicio, poder contar con una fiscalía independiente, contar con un tribunal imparcial… y pasamos la prueba. Ese es el cambio… esperamos que haya una mejor perspectiva para la justicia.

Claudia Paz y Paz, que acude en sábado a sus oficinas para atender a este diario vestida informalmente, con jeans y un chal típico, formó parte en 2010 de una terna sometida a una comisión de postulación para un nuevo fiscal general, cuando el proceso de nombramiento de su antecesor, Conrado Arnulfo, fue anulado. Fue electa y tomó posesión en diciembre de 2010. Su gestión concluye en diciembre de 2014, pero hay una interpretación que insiste que termina el próximo mayo.

–¿Cuál es el interés de que no pueda continuar en el cargo?

–Hay cierta prisa, es verdad. Pero la prisa no es mía. Por el bien de la institucionalidad del país hay que respetar los tiempos constitucionales. Yo voy a terminar mi periodo porque tengo procesos administrativos que consolidar y casos penales que resolver. Además, la ley me permite volver a postularme al cargo. Pero, honestamente, estoy concentrada en terminar este periodo de la mejor manera posible.

–¿Es posible que el juicio a Ríos Montt se esté revirtiendo en su contra, como represalia de los sectores que se sintieron agraviados con las verdades que salieron a la luz?

–Históricamente, en el Ministerio Público los presidentes en turno siempre han quitado y nombrado fiscales: duraban uno, dos, tres años, a mitad del periodo eran sustituidos, pese a que la Constitución prevé que un periodo en la Fiscalía General no coincida con los presidenciales. A mí me eligieron durante la presidencia de Álvaro Colom, y desde que llegó el presidente Pérez Molina la pregunta era si me iba a quitar, pero él fue muy claro de que iba a respetar los cuatro años.

–Ahora esos grupos dicen que fui electa sólo para completar el periodo del fiscal anterior. Pero no es así, el acuerdo de mi nombramiento dice claramente que es para cubrir un periodo completo, cuatro años, porque la Corte de Constitucionalidad anuló en mayo de 2010 todo el proceso de elección anterior.

Tomar al toro por los cuernos

Para Paz y Paz, demoler los mecanismos de impunidad que cobijaron por décadas a los violadores de derechos humanos en el país implica allanar el camino de la justicia no sólo para los casos de justicia transicional, sino en general para sanear todo el aparato de procuración de justicia. Y para combatir con mayor eficacia al crimen organizado.

Sostiene: Cuando se construye impunidad para alguien en particular, se construye impunidad para todo. Es una acción conciente de debilitamiento del sistema de justicia.

A partir de 2011, cuando asume el mando del MP guatemalteco, se multiplican los efectos de los tribunales de mayor riesgo, implementados por recomendación del organismo judicial de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), se aplica el Modelo de Atención Inmediata para atender la impresionante estadística de los feminicidios, que en ese momento era la más alta de Latinoamérica, y se echa a andar el Modelo de Persecución Penal Estratégica, que consiste en un mecanismo de búsqueda, seguimiento y asociación de casos penales que vincula todas las ramificaciones de un caso hasta revelar toda la trama de las estructuras criminales. Las arañitas, las llama la fiscal, por los dibujos que se hacen en los esquemas gráficos de los casos.

Estas unidades de analistas del MP, cuando empezaron a trabajar, contaban con 10 personas. Ahora tiene 100, especializados en áreas financiera, criminal (de casos) y los analistas del fenómeno criminal, más global.

Es reconocido, en el país y a escala internacional, que esta metodología se tradujo, casi de inmediato, en importantes golpes contra el narcotráfico, en especial contra los cárteles mexicanos de Los Zetas y del Pacífico, que llevaban cinco años arraigados en Guatemala.

–¿Tomó el toro por los cuernos?

–No es que los fuera a buscar, es que ahí estaban. Cuando llegué a la fiscalía las dos prioridades eran: el derecho a la vida –las tasas de asesinatos eran altísimas, ya no lo son, pero todavía hay que bajarlas–, y la violencia contra la mujer, un problema muy serio. Pero apenas se tocaban estos dos fenómenos salía el tema del crimen organizado y la corrupción. Entonces trabajamos los temas en simultáneo. Tenía tres meses de ser nombrada cuando ocurrió la masacre del rancho Los Cocos, en El Petén (27 campesinos descuartizados con motosierra por integrantes de Los Zetas). Y vinculado con éste, el asesinato del fiscal de Cobán, Alta Verapaz, Alan Stowlinski, con un mensaje que decía: A todos los fiscales, no se metan con nosotros, no se hagan los gringos. Al año siguiente, otra fiscal fue asesinada, Yolanda Oliveros, en Chiquimula. Todo un mensaje para los fiscales.

“Se hizo un trabajo muy coordinado con la policía y el Ministerio de Gobernación. Teníamos acceso a escuchas telefónicas y logramos la detención de más de cien miembros de esta estructura, entre ellos 15 mexicanos, de Veracruz, ex policías, y uno de los jefes, El Chombo, de Chiapas.

“Además, trabajamos muy de la mano con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y hemos extraditado, o estamos a punto de hacerlo, a varios jefes de estos grupos, entre ellos a Juan Ortiz Chamalé, los Lorenzana, de Zacapa; Walter Overdic, en Alta Verapaz, y los Montejo, de Huehuetenango.

Estas capturas se reflejan en una baja de muertes y problemas en las zonas donde operaban, pero hay que tener una acción constante. Lo que ocurre es que se desplaza el problema y ahora las organizaciones operan desde Honduras. Por eso hay que abordarlas a escala regional.

–¿Qué tal está funcionando la cooperación regional?

–Con México más. Hay buena coordinación con la Procuraduría General de la República (PGR). Con Honduras es mucho más difícil.

–¿Esta presión sobre los cárteles se traduce en mayor o menor número de muertes violentas?

–Lo que hay es mayor persecución. Y es muy importante porque estas estructuras tienen una capacidad de violencia muy alta y una capacidad de corrupción también muy alta. Los hechos violentos con mayor número de víctimas en los años recientes están relacionados con estas estructuras: la matanza de Los Cocos, la más reciente, de ocho policías y un subinspector en Sacaljá (a 150 kilómetros de la frontera con México, en una acción atribuida a una disputa territorial de gente de El Chapo contra Zetas). Por eso, si vamos a bajar la tasa de muertes violentas tiene que ser principalmente por medio de la investigación y condena de estas estructuras.

Claudia Paz y Paz, encargada del Ministerio Público del país centroamericano, durante la entrevista con La JornadaFoto Blanche Petrich

–¿Es más riesgosa la lucha contra la impunidad en los crímenes de guerra?

–Cada tema tiene sus particularidades.

–En la última década los crímenes contra mujeres se dispararon. Guatemala se convirtió en el número uno en feminicidios.

–Sigue siendo un problema muy grave. La violencia contra la mujer es el delito más denunciado en el país: 40 mil denuncias al año, 5 mil sin violencia sexual, casi la cuarta parte de todos los delitos. Lo que aprendimos es que se necesitaban tribunales especializados y aplicamos el modelo de atención integral, que parte de la idea que es el sistema el que tiene que girar alrededor de las víctimas y no al revés. Entonces, en un mismo espacio se reúnen el forense, el juzgado, trabajo social, sicología, juez, fiscal y hasta una carceleta. Y el servicio es de 25 horas, porque la violencia no pasa de ocho de la mañana a cuatro de la tarde. Y se ha abierto el mismo modelo en media docena de localidades en todo el país.

De esta forma las mujeres víctimas no quedan, como siempre fue, al último de la fila, porque antes pasaban los casos de homicidio, narcotráfico, robo, cualquier otra cosa. Ahora hay casos que se resuelven en días o en horas, sobre todo en casos de violación sexual contra niños y niñas. Esos ya salen con órdenes de captura. Además, sí hemos contado con recursos; la fiscalía de la mujer es el que más recursos ha recibido. Y lo estamos enfocando como problema estructural, porque hay gran tolerancia a estos delitos.

–¿Cómo se aborda el tema de la trata de mujeres a través de la frontera con México?

–Tenemos una fiscalía especial que se deriva con el grave problema que tuvimos con las adopciones ilegales hace algunos años. La apuesta ahí es trabajar con las organizaciones sociales que trabajan en la frontera, porque es muy difícil que esos casos lleguen a denuncia, a diferencia de la violencia contra la mujer, donde poco a poco se está avanzando.

–¿Cómo ha cambiado el problema del tráfico de mujeres con el desplazamiento de las antiguas redes de tratantes por parte de los cárteles, que se han apoderado de parte del negocio?

–Lo ha complicado mucho más. Las organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico u otros delitos ejercen todo tipo de violencia contra las mujeres en todas sus dimensiones, como parte de su ejercicio de poder, por decirlo así. Donde hay más presencia del crimen organizado hay mayor incidencia de violaciones. Por ejemplo, en Alta Verapaz, donde Los Zetas operaron mucho tiempo, cuando fueron capturados los cabecillas las estadísticas de violencia contra las mujeres bajaron. Es un patrón: donde hay narcotraficantes hay más violencia contra las mujeres.

–¿Cuáles fueron las claves para que la fiscalía lograra sentar al viejo ex dictador Efraín Ríos Montt frente a los sobrevivientes de su estrategia contrainsurgente en la región ixil, después de que por tantos años logró eludir la justicia?

–No fue cosa de dos o tres años. Es un reclamo de las víctimas que siempre existió, y fue fruto de un inmenso esfuerzo de sus organizaciones por recuperar, investigar y presentar las evidencias.

“Guatemala tiene récord en exhumaciones de fosas comunes del conflicto armado, más de 6 mil personas. Los antropólogos forenses han alcanzado un nivel de rigor científico muy importante, que ahora se está completando con las pruebas de ADN, que permiten la identificación precisa y determinar el paradero de las personas desaparecidas.

“Pero también hay toda una serie de sentencias históricas en las cortes nacionales e internacionales que allanaron el camino. La Suprema Corte sentó un antecedente importante al acatar una sentencia de la Corte Interamericana, del caso de las Dos Erres (masacre en El Petén, en 1982) y ordenar remover los cerca de 40 amparos que impedían el arresto de los responsables.

“Y en 2007 llega la Cicig, de la ONU. Entre otros, se hacen los siguientes aportes: la ley de comisiones de postulación, que ahora son públicos, para asignar ministerios públicos, magistrados de Suprema Corte, de procurador de Derechos Humanos, de fiscal general, de contralor general, Policía de Hacienda. Hay más monitoreo de la sociedad en estos procesos. Fue así como llegué yo aquí.

“Y también la creación de los tribunales de mayor riesgo, que intervienen no sólo de derechos humanos, sino de crimen organizado. Por ejemplo, fue en uno de estos tribunales donde se juzgó a Los Zetas por la masacre de Petén. Poner a un juez de la región o al fiscal de El Petén era pedirles mucho, ponerlos en riesgo y movilizar muchos recursos para su seguridad”.

–Ríos Montt por décadas eludió el juicio.

–En realidad la demanda contra los ex jefes de Estado, Lucas García, Ríos Montt y Mejía Víctores (generales los tres) fue presentada en 2001. Pero el proceso iba y venía de un tribunal a otro, sin mayor avance. Además, Ríos Montt tenía inmunidad como congresista. Cuando acaba su inmunidad se presentan las demandas, con pruebas como los documentos militares desclasificados por las comisiones de derechos humanos, organismos no gubernamentales y de víctimas. El juez no admitió las pruebas hasta que le llevaran los documentos originales –Plan Sofía, Operación Firmeza, Operación Ixil– y demás manuales de operaciones militares que se tradujeron en masacres.

Pero el ejército se negaba a entregar los originales hasta que la Corte de Constitucionalidad se lo ordenó. Para entonces Ríos Montt tenía otra vez inmunidad. En enero de 2012 es el propio general quien se presenta y acepta el auto de procesamiento.

–¿Qué pasará ahora que la sentencia por genocidio fue anulada?

–La Corte de Constitucionalidad está revisando varios temas, entre otros si aplica la amnistía, si la ley de reconciliación comprende amnistía o no.

–¿Se puede interpretar que los acuerdos de paz impliquen amnistía, como en El Salvador?

–En Guatemala no, porque el primer acuerdo sustantivo que se firmó fue el de los derechos humanos, y expresamente establece que se tienen que tipificar ejecución extrajudicial, tortura, desaparición forzada y enjuiciar. Los acuerdos para el esclarecimiento histórico que el congreso llamó Ley de Reconciliación Nacional, también se precisa que se excluyen de la amnistía el genocidio, la tortura, la desaparición forzada. La amnistía no es general, es muy restrictiva. Así que eso no es posible ni en las leyes nacionales ni las internacionales. Esperamos que la Corte sostenga la jurisprudencia existente.

–¿No fue muy alta la apuesta por genocidio en un tribunal nacional?

–Si lo vemos como un proceso por el derecho a la verdad, a la reparación y a la justicia, no lo es. La primera que señaló el delito de genocidio fue la Comisión para el Esclarecimiento Histórico. Se documentaron lo que se llamó actos de genocidio en determinadas zonas del país, para diferenciar de una política de genocidio. Pueblos maya ixil, maya achí, maya quiché, mame canjobal.

En la fiscalía fuimos muy cuidadosos en la construcción y presentación del caso.

–¿Aún es posible reponer el juicio y llegar a la misma sentencia?

–Fue un gran logro para las víctimas llegar a ese momento, haber llegado a esa corte, hablar ante los perpetradores, decirles que lo que hicieron fue algo incorrecto, fue algo muy importante que no había ocurrido. La posibilidad y nuestra obligación de acompañarlos también fue muy importante, porque los fiscales y querellantes hicieron su mejor esfuerzo. Por eso la sentencia de la corte la respeto, pero no la comparto.

–¿Qué huella deja ese momento en la historia?

–Es muy pronto para dimensionar lo que va a significar en la historia del país. Esperemos que sea un paso más por la justicia y en contra de la impunidad. El juicio tocó las fibras más profundas de esta sociedad, pero ¿para dónde nos lleva el resultado? No lo sabemos todavía.