La pretensión de PRI y PAN por adelantar en trámite urgente la aprobación de la reforma constitucional en materia energética acarrearía un altísimo costo político al gobierno federal. La sociedad reaccionaría de forma impredecible en las calles, porque se elevaría el costo de la vida, y se arrasaría con la principal fuente de recursos del erario, advirtieron diputados de PRD y PT.

Ahora que se anunció un nuevo periodo extraordinario de sesiones, a realizarse los días 21, 22 y 23 de agosto en las cámaras de Diputados y de Senadores, los opositores a la privatización de tareas sustantivas en materia petrolera entienden que el PAN allanó el camino al PRI con su propuesta de reforma constitucional, y ese favor le será recompensado con un remedo de reforma electoral, cuyo propósito sería colocarle más dientes a la fiscalización de los gastos electorales de los partidos políticos.

Loretta Ortiz, representante del PT, descalificó la intención de sorprender a los legisladores con una iniciativa, sin haberla dictaminado y debatido con tiempo suficiente: No sería la primera vez que PRI y PAN quieran sorprendernos, coludidos con el PRD. Pero no se quieren dar cuenta que los costos políticos para el gobierno federal serían altísimos. No pararía la inconformidad porque el costo más alto lo pagaría el pueblo, que deberá pagar costos más elevados de todos los productos.

–Considera que esos partidos evaluaron debidamente las consecuencias de una decisión tan controvertida –se le preguntó.

–El sentido común nos diría que ningún gobierno cuerdo estaría dispuesto a matar la gallina de los huevos de oro. A diario nos topamos con que los programas sociales son más castigados y no hay recursos para desarrollarlos, y si no los hay provenientes de la recaudación, entonces se requiere la renta petrolera, y la quieren ceder: ¿de dónde van a sacar los recursos que se necesitan?

El país no está para eso; vivimos un estado de emergencia y de necesidad, pese a que nos hagan creer que estamos bien, en apariencia. Esto es producto de una decisión neoiliberal de quedar bien con Estados Unidos a expensas de la mayoría de la población. Si insisten en reformar la Constitución estarán incurriendo en un delito: traición a la patria.

También Lilia Aguilar, integrante de la bancada del PT, denunció la intención del denominado PRIAN por querer sacar tres temas sustantivos en el periodo extraordinario: la reforma financiera, y le van a a pagar al PAN con una leve reforma política a cambio de la reforma energética. Y es una inmoralidad.

–El PAN aduce que el petróleo seguiría perteneciendo a la nación si se llegase a aprobar su propuesta; el PRI también considera que no se afectará la esencia de la Constitución en materia de resguardar la renta petrolera –se le comentó.

–La reforma energética será la del sexenio, y va a impactar negativamente a todos en el ámbito de consumo. Pactar que se apruebe en una semana tratando de aprovechar que la opinión pública está desmovilizada por las vacaciones sería, por decir lo menos, una grave irresponsabilidad.

Para el vocero del grupo parlamentario del PRD en San Lázaro, Carlos Reyes Gámiz, el Poder Legislativo se encuentra en el umbral de una intensa lucha política porque “PRI y PAN consideran que hay un ambiente propicio para generar un madruguete legislativo, y con ello evitar una movilización importante de la sociedad. Es decir, se trata de adelantarse al descontento popular que la decisión pudiera conllevar. Lo que no contemplan es una reacción impredecible de la sociedad”.

Para el perredista el debate y la inconformidad se trasladará del Congreso a las calles, porque de todas las reformas privatizadoras –desde el sexenio de Miguel de la Madrid a la fecha– ninguna ha beneficiado a la economía popular. “Al contrario –insistió– se ha beneficiado a un grupo ligado al poder político, que de forma cíclica lleva a la bancarrota las empresas que pertenecieron al Estado, con la ominosa solicitud de ser rescatadas con dinero del pueblo. Esto es un desastre, y si permitimos que ocurra de nuevo el pueblo no estará en disposición de aceptarlo, se afectará su bolsillo y no habrá pan y circo en la televisión que impida el desprecio a la imposición gubernamental”.