La manera más fácil de resolver un caso de desaparición es culpar a los familiares de la víctima y presionarlos hasta que confiesen su participación en el delito, al mismo tiempo que se trata de ocultar los detalles del asunto para no alarmar a la sociedad.

Al menos ese fue el modus operandi de las autoridades de Huajuapan de León, Oaxaca, al abordar el caso del niño Ameyaltzin Vázquez Ramírez, quien aparentemente fue robado en dicha comunidad el pasado 22 de marzo, sin que hasta el momento se sepa su paradero.

Ese día, recordó en entrevista con La Jornada Virgo Martínez, tía de la víctima, el menor iba acompañado por su madre, Rosa Reina Martínez, alrededor de las 10 de la noche, para buscar algo de cenar, cuando de pronto tres hombres que viajaban a bordo de una camioneta negra bajaron del vehículo, golpearon a la mujer en la cabeza y se llevaron al niño de cinco años.

Sin poder superar el shock por lo ocurrido, la madre de Ameyaltzin dio aviso a las autoridades sobre el ataque un día después, al presentarse ante el fiscal Julio César Estrada en la agencia del Ministerio Público.

Luego de reclamarle por la tardanza en denunciar lo ocurrido, este servidor público se burló de las descripciones que hizo la madre sobre uno de los atacantes, por considerarlas demasiado vagas; calló al resto de los familiares que acudieron a pedir ayuda e incluso les exigió que salieran de su oficina.

Luego de una reunión de varias horas, las autoridades finalmente advirtieron a los padres del menor desaparecido que no serían tratados como víctimas, sino como principales sospechosos del delito.

Siguiendo esa línea, los policías municipales acosaron a la madre de Ameyaltzin para que confesara que su esposo la golpeaba, tenía un amante o incluso para que admitiera que ambos habían matado o vendido al niño.

La tortura sicológica incluyó ordenarle a la mujer que se levantara la blusa hasta la altura de los senos con el supuesto objetivo de revisar si no tenía huellas de golpes, o amenazar a su pareja con descargarle una pistola encima si no se autoincriminaba.

A final de cuentas, los agentes no hicieron nada para encontrar al menor, argumentando que no tenían personal suficiente o que los policías estaban ocupados en otros casos. Lo más que hicieron, deploró la tía de la víctima, fue emitir una prealerta más de un mes después del robo de Ameyaltzin.

Aunque al principio obedecieron la sugerencia de las autoridades de no decir que el niño había sido robado –para no asustar a la sociedad–, finalmente los padres del menor denunciaron públicamente los hechos, lo que generó la molestia de los policías.

Tras recibir varias llamadas de extorsión y amenazas de muerte para que dejaran de preguntar por su hijo, la madre intentó suicidarse y finalmente renunció a seguir buscándolo, pero la tía y la abuela de la víctima decidieron seguir adelante, logrando que las autoridades estatales y federales asumieran la investigación, pero sin conseguir ningún resultado hasta el momento.

Esta semana nos canalizaron a la Fevimtra (Fiscalía Especializada para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas). Nosotros estamos dispuestos a seguir buscando a Ameyaltzin, recalcó Virgo Martínez.