La desaparición del general Ricardo Martínez Perea del penal estatal de Mazatlán, Sinaloa, tiene el objetivo de evitar que se ventile su caso, porque en el proceso legal tras el cual fue sentenciado a 15 años de prisión hubo muchas irregularidades y complacencia de varias autoridades –empezando por el entonces presidente Vicente Fox y por su secretario de la Defensa Nacional, el general Ricardo Clemente Vega García– para culparlo de tener vínculos con el narcotráfico, a sabiendas de su inocencia.

Fuentes cercanas a la defensa del militar aseguraron lo anterior, y agregaron que existen elementos suficientes para pensar que Martínez Perea fue trasladado de Mazatlán a la prisión de las Islas Marías, sin notificar previamente a sus familiares y a sus abogados, para evitar que interpusieron un amparo que impidiera la acción.

Se espera que este lunes el segundo juzgado de amparo en el Distrito Federal emita una resolución sobre el recurso presentado por la defensa de Martínez Perea, por los presuntos delitos de desaparición forzada, peligro de privación de la vida, incomunicación y expulsión del territorio nacional (en caso de que el general haya sido regresado a las Islas Marías, porque éstas no se encuentran en la superficie continental nacional).

Para este día, las autoridades civiles y militares demandadas, empezando por el director del centro de reclusión de Mazatlán, deberán haber respondido al juez de amparo si tienen en su poder a Martínez Perea y cuál fue el fundamento legal para sacarlo de la prisión de Mazatlán, confiaron los informantes.

La hija del general, Bertha Martínez Perea, lamentó, en comunicación con este diario, que las autoridades penitenciarias hayan permitido que su padre fuera sacado de esa prisión la madrugada del jueves, toda vez que apenas habían empezado a efectuarle análisis médicos para conocer su estado de salud.

Las fuentes recordaron que hacía unos días el general había sido enviado, por orden judicial, al centro penitenciario de Mazatlán para que fuera atendido médicamente en tanto el Supremo Tribunal Militar (STM) determina cuándo se realizará el consejo de guerra extraordinario en el que Martínez Perea pretende demostrar su inocencia.

Precisamente, el STM desechó hace unas semanas la demanda del general para que comparezcan ante dicho consejo el ex presidente Fox y el ex secretario de la Defensa Nacional Vega García. Este tema sigue pendiente, en razón de que el militar interpuso un amparo con el que pretende que la justicia federal ordene que ambos ex funcionarios respondan sobre las razones por las cuales avalaron someter a Martínez Perea a un proceso penal y dictarle una sentencia con base exclusivamente en un anónimo y sin ninguna prueba para acusarlo de tener vínculos con el cártel del Golfo, cuando era comandante en la zona fronteriza de Tamaulipas.

El hecho de trasladar y mantener incomunicado al militar desde el jueves pasado, aseguraron los informantes cercanos al caso, revela la existencia de una estrategia gubernamental para impedir que funcionarios y ex servidores públicos involucrados en el proceso irregular resulten afectados por el eventual consejo de guerra extraordinario en el que el general Martínez Perea buscará demostrar su inocencia y la confabulación oficial para encarcelarlo, a pesar de que hasta antes de su detención en 2001, las tropas a su cargo se habían destacado a escala nacional por los importantes decomisos de droga realizados.