En México las políticas públicas para la infancia están en su mayoría enfocadas al acceso a la educación y tienen como objetivo que los niños vayan a la escuela, pero no garantizan el acceso a condiciones mínimas de desarrollo en la etapa inicial de la vida, lo que abre una brecha de desigualdad desde la niñez de las personas, sostuvieron especialistas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Durante la presentación de un estudio donde se analiza cómo los países de la región atienden la primera infancia, comprendida entre los cero y 5 años, Pablo Yanes, jefe de la unidad de desarrollo social del organismo, dijo que los primeros años de vida son cruciales para el ser humano ya que si en ese periodo las personas no reciben los nutrientes necesarios, crecen y pesan menos, y no desarrollan al máximo sus capacidades para aprender.

Agregó que las personas que no tienen acceso a alimentación y servicios de salud adecuados, se encuentran en desventaja frente a quienes sí tuvieron acceso a esos satisfactores, por lo que constituyen un germen de desigualdad.

El informe de la Cepal considera necesario que así como los estados tienen políticas de protección para adultos mayores, también deben tenerlas para la infancia, e incluso desde antes del nacimiento, con el cuidado del embarazo.

Agregó que tanto en México como en la región Latinoamericana está poco desarrollado el sistema público de servicios para atender este problema y en la mayoría de los casos la estrategia de cuidados está feminizada y mercantilizada.

Explicó que quienes pueden contratan servicios para cuidar a los niños, pero quienes no pueden hacerlo recurren a las mujeres de la familia. Es una problemática que cae de manera abrumadora sobre las mujeres. Las que están en el mercado laboral pagan a otras mujeres por realizar esas labores, pero las que no, ven limitadas enormemente sus posibilidades de insertarse en la actividad económica, particularmente quienes tienen hijos más pequeños, por lo que los primeros cuatro o cinco años son críticos.

Margarita Griesbach, consultora de la Cepal y autora del estudio, dijo que el Estado debe garantizar los derechos no sólo de los niños mexicanos sino de los niños migrantes que están en tránsito por el país, y planteó que incluso se debería buscar la manera de validar los estudios que pudieran hacer.