Por seis votos contra cinco, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Hidalgo incumplió una sentencia emitida por el máximo tribunal hace 12 años.

Sin embargo, los ministros anunciaron que los funcionarios que ignoraron la resolución de la controversia 12/2001, que favoreció al municipio de Tulancingo de Bravo para que no le fueran aplicados diversos artículos de la Ley Orgánica Municipal, no serán sancionados.

Al resolver ayer la denuncia por incumplimiento de sentencia presentada por el municipio, los ministros reconocieron que la decisión que tomó la SCJN hace 12 años no fue suficientemente clara para que se cumpliera en su totalidad. Prueba de ello es que el municipio quejoso tuvo que recurrir al máximo tribunal para que éste obligara al Tribunal de Conciliación y Arbitraje local a acatar dicha decisión.

Fernando Franco –quien consideró que el Tribunal de Conciliación no incurrió en incumplimiento– comentó que coincidía con la decisión del pleno de 2001, cuyo texto es claro.

Ante la falta de acuerdos, el pleno aplazó para el este jueves la discusión sobre los efectos de la sentencia, que se limitarán a lineamientos generales para que, después de 12 años, se cumpla con la sentencia.