Buenos Aires, 6 de agosto.

El juez federal argentino Claudio Bonadío recibió hoy la denuncia de familiares y víctimas paraguayas de la dictadura del general Alfredo Stroessner (1954-1989 ) que acudieron a la justicia argentina ante la imposibilidad de hacerlo en Paraguay, en una acción considerada histórica en el Cono Sur.

La querella está referida a delitos de lesa humanidad cometidos durante los 35 años en que perduró la dictadura stroessnista, entre ellos desapariciones forzadas, asesinatos, torturas sistemáticas, detenciones arbitrarias, encarcelamientos masivos, ejecuciones extrajudiciales y exilio que llevó a casi dos millones de paraguayos fuera de su país.

Entre otros crímenes se menciona esclavitud sexual y trabajos forzados.

Entre los querellantes figuran el defensor de derechos humanos de ese país, Martín Almada, así como Virgilio Bareiro, Celsa Ramírez, Carlos Ortellado, Carlos Luis Casabianca, Yudith Rolon, Santiago Rolón, y otras víctimas y familiares.

Ante la falta de respuesta en su país donde han hecho presentaciones ante la justicia, en algunos casos desde hace más de 20 años, sin tener ninguna respuesta y sin que la justicia investigue los hechos, decidieron abrir una causa aquí.

Almada sostuvo que esta acción es un paso más en una larga lucha contra la impunidad en su país que vivió tantos años bajo el terrorismo de Estado, y que aún no ha podido salir ni liberarse de las consecuencias del terror y de ese trágico pasado.

Consideró también que resulta más grave aún esta situación cuando ya en 2008 la Comisión Verdad y Justicia de Paraguay entregó un Informe Final, en el cual figuran más de dos mil testimonios. Este material resultó enriquecido por la consulta en los llamados Archivos del Terror, descubiertos por Almada y otros familiares el 22 de diciembre de 1992.

Existe una cantidad de pruebas documentales a las que se añaden documentos desclasificados mediante el procedimiento 1503 de la Organización de Naciones Unidas (ONU), y en el informe figura una lista de 448 policías, militares y civiles responsables de los crímenes de lesa humanidad.

Los nombres surgieron de los propios testimonios de las víctimas, que reconocieron a sus verdugos y también de la cantidad de documentos oficiales consultados.

Sin embargo, la fiscalía nunca actuó a pesar de la cantidad de pruebas y los responsables de los crímenes de la pasada dictadura están libres y algunos prófugos viviendo en países vecinos.

Incluso muchos de los altos funcionarios de Stroessner fueron participantes claves de

La Operación Cóndor, coordinadora criminal de las dictaduras del Cono Sur, se está juzgando hoy en los tribunales federales argentinos.

El principio de jurisdicción universal permitió perseguir a criminales de otras dictaduras de América Latina, como lo hizo la Audiencia Nacional de España en los años 90 en los casos de Chile, Argentina y Guatemala, ante la falta de voluntad que se demostraba en los países donde se habían cometido esos crímenes.

En esos casos se pudo dictar órdenes de captura internacional contra los responsables, algo que puede hacer la justicia argentina en el caso de la presentación de las víctimas paraguayas.

Los crímenes de lesa humanidad cometidos en Paraguay no prescriben y por lo tanto pueden ser juzgados en el marco de los mecanismos de la jurisdicción universal.

Argentina ejerce esta jurisdicción desde el año 2006, recordando que en 2005 el entonces presidente Néstor Kirchner envió al Congreso un proyecto para lograr la nulidad de las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final de los años 86-87, que amparaban la impunidad para juzgar los crímenes cometidos por la dictadura aquí.

La anulación de estas leyes permitió desarrollar todos los juicios que se realizaron y están en desarrollo en estos momentos, por lo que se ha condenado a más de 400 responsables de crímenes de lesa humanidad y hay centenares en pleno proceso de juzgamiento en todo el país.

Por la misma razón, la justicia argentina ha aceptado las querellas de víctimas de la dictadura franquista presentadas aquí, ya que España no los juzga.

Si la justicia local admite ahora esta nueva  querella presentada, podrá solicitar la captura internacional de los acusados que estén vivos en Paraguay.

En este año el Comité de Derechos Humanos de la ONU condenó a Paraguay por permitir la impunidad en caso de delitos de lesa humanidad cometidos en ese país y por no actuar ante los responsables a pesar de las pruebas y evidencias presentadas.

Las víctimas paraguayas esperan que los tribunales locales se declaren competentes por jurisdicción universal para investigar estos crímenes.

Explosión y muertes

Una explosión por escape de gas en un barrio residencial de Rosario, provincia de Santra Fe, la segunda ciudad más importante del país se saldó con nueve muertos, 19 desaparecidos y casi 70 heridos por el derrumbe de un edificio de nueve pisos y severos daños a otros de alrededor.

Decenas de edificios fueron dañados y los dos de los más cercanos fueron desocupados y está siendo evaluada su situación,ya que presentan graves daños. Autoridades federales están en Rosario y fue allanada la empresa de gas local, para determinar las responsabilidades. La gendarmería nacional está a cargo de la seguridad, mientras se buscan sobrevivientes bajo los escombros. Esta es la tragedias mayor en su tipo que ha vivido esta ciudad