mediados de julio el presidente Enrique Peña Nieto develó un plan sexenal en que se destinan 316 mil millones de dólares a obra pública en carreteras, puertos, y comunicaciones. En principio se trata (o se tendría que tratar) de una excelente noticia para la economía mexicana, tanto por el estímulo económico del gasto, como por la necesidad de mejorar las comunicaciones y, con ellas, la competitividad de la economía.

Sin embargo, un plan de gasto de semejante envergadura conlleva también serios riesgos. Primero, el riesgo de que el derrame gigantesco de recursos se derive en una proporción enorme a la corrupción –fraudes en licitaciones, pagos chuecos a cambio de apoyo político para tal o cual obra, o gastos abultados en obra mal planeada, y peor ejecutada. En segundo lugar está el riesgo ambiental. Éste se relaciona frecuentemente con lo primero –la corrupción– en la medida en que se dejen de tomar en cuenta factores ambientales a cambio de beneficios cortoplacistas para los constructores y sus aliados políticos, por ejemplo. El amor del mexicano a la carretera –o mejor dicho, el fetichismo del político mexicano para con las carreteras– mal-esconde todo un entramado de decisiones nocivas para el ambiente: la construcción de vivienda de interés social a decenas de kilómetros de los lugares en que trabajan sus habitantes, por ejemplo, o la promoción a todo trance del vehículo particular por encima del transporte público.

Y en tercer lugar existen también riesgos importantes a nivel de democracia y de justicia. Si se opta por estrategias corruptas para conseguir consensos en torno de obras públicas mal planeadas (o con consecuencias ambientales perversas), eso termina por generar tensiones entre los defensores del ambiente y quienes apoyan localmente los planes de gasto público. Se trata de una situación que hiere los procesos democráticos, porque convierte a los gobiernos locales en instrumentos de distribución de recursos destinados (corruptamente) al apoyo de equis y ye programa, mientras que los que se oponen a esos proyectos quedan vulnerables a toda clase de ataque. Los resultados pueden ser trágicos, sobre todo dada la falta de inversión efectiva en el sistema de justicia.

En días recientes se han prendido varios focos amarillos y rojos que alertan sobre esta clase de situación. El viernes apareció la noticia, trágica, del asesinato –a pedradas– de Noé Vázquez, un joven ambientalista de Amatlán, Veracruz, que luchaba contra de la construcción de una presa hidroeléctrica en su comunidad. El asesinato de Noé Vázquez se dio justo cuando el activista se preparaba para recibir a 500 delegados del Movimiento de Afectados por Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder), que tenían congreso anual. El asesinato de Vázquez –hecho con terrible lujo de violencia– manda una señal clara a los militantes de Mapder, cada uno de los cuales corre un riesgo semejante al de su colega. ¿Existe realmente alguna garantía de que se le haga justicia a Vázquez? ¿Habrá protección a los militantes de Mapder? No lo sabemos, pero la desproporción entre los recursos que el gobierno destina a obra pública frente a la inversión en el aparato de justicia no genera demasiada confianza.

Y tampoco es que se trate de un caso único. Así, el periódico El País informa esta semana que en Sonora, cuatro investigadores (uno de El Colegio de Sonora, dos de la UNAM, y uno de la Escuela Nacional de Antropología e Historia) han recibido amenazas, y sus vehículos han sido saboteados, por su participación en defensa de la comunidad guajiría frente, otra vez, a la construcción de una presa (Pinares-Bicentenario). El reportaje aclara que el mecanismo de consulta de parte del proyecto favorable a la presa se basó en tratos directos con los gobernadores tradicionales de la comunidad, y no en discusiones colectivas, mecanismo que se presta, justamente, para la compra de líderes.

Por último, está el caso, más conocido, de la ampliación de la carretera de cuota en Tepoztlán. En ese caso, aparentemente, la derrama de recursos a la comunidad (a cambio de la carretera) ha sido significativo. Finalmente, los gobiernos conocen ya la capacidad de respuesta y de resistencia de ese pueblo, frente a proyectos de desarrollo con efectos ambientales cuestionables. Pero aún así –y todo indica que la resistencia tepozteca en este caso ha sido, hasta ahora, menor a la que hubo contra del proyecto de un campo de golf de hace algunos años– la compra de la opinión de una parte importante del pueblo no equivale a una discusión informada de las alternativas.

En lo de Tezpotlán, llama la atención el mal trato que ha recibido el movimiento contrario a la ampliación de la carretera en gran parte de la prensa capitalina. Así, Sergio Sarmiento, de Reforma, alega que los tepoztecos se dividen en dos clases: los amantes del progreso y los conservadores a ultranza, que sólo quieren hacer de lado al progreso por mantener una comunidad tradicional, pobre y menguante. Esta clase de imagen ha aparecido, con algunas variantes, en buena parte de la prensa de la ciudad de México.

En lo fundamental, se trata de una opinión que le da el espaldarazo a toda la obra pública, que queda pintada siempre y en principio como progresista (independientemente de su contenido), y que, también en principio, presenta toda protesta como contraria al progreso. Se trata de una representación peligrosa. México tiene hoy un gobierno que se ha comprometido a hacer obra pública masiva, con muchos miles de millones de dólares por detrás. Importa, y mucho, que haya verdadera calidad democrática en la discusión de esos proyectos, y que las voces que se opongan a ellos se levanten con la seguridad de que no serán amenazadas, ni silenciadas con violencia.