Nueva York, 8 de agosto.

Advertencia: esta nota seguramente fue vista por la Agencia de Seguridad Nacional (NSA por sus siglas en inglés) antes de llegar a manos de los jefes editoriales de este periódico.

Nuevas revelaciones de los programas de espionaje de la ciudadanía por la Agencia de Seguridad Nacional ofrecen mayores detalles que ponen en duda afirmaciones recientes de altos funcionarios del gobierno de Barack Obama sobre el alcance y dimensión de su intrusión en la privacidad de estadunidenses, y mientras políticos continúan debatiendo sobre cómo limitar estos programas, aparecen palabras olvidadas de un crítico prominente de este tipo de vigilancia masiva.

Los correos electrónicos y textos que cruzan las fronteras estadunidenses –saliendo o llegando– que incluyan referencias o mención de asuntos o personas que están bajo sospecha por las autoridades estadunidenses son recaudados y evaluados por la Agencia de Seguridad Nacional, reportó hoy el New York Times con base en los documentos revelados sobre los programas de vigilancia masiva divulgados por Edward Snowden, el ex contratista de esa agencia, e inicialmente publicados por The Guardian.

Cada día se revelan más detalles sobre operaciones de vigilancia

Aunque estos programas de recaudación masiva de comunicaciones cibernéticas ya se había dado a conocer por la filtración de Snowden, los nuevos detalles comprueban que la NSA no sólo está vigilando comunicación entre personas en Estados Unidos con posibles sospechosos en el extranjero, sino que examina el contenido de cualquier comunicación si incluye mención de esos sospechosos en el extranjero, todo sin autorización judicial específica.

Hasta ahora, los funcionarios han reconocido que interceptan comunicaciones de estadunidenses en contacto con extranjeros en el exterior bajo sospecha, sino toda comunicación que haga referencia a esos extranjeros, o cualquier dato relacionado con ellos. O sea, toda comunicación de estadunidenses vía correo electrónico o mensaje de texto que cruce la frontera está sujeta a esta vigilancia.

Fuentes gubernamentales informaron al Times que esta vigilancia transfronteriza fue autorizada de acuerdo con una ley promulgada en 2008 que autorizaba la intervención de comunicaciones de estadunidenses en su país, sin autorización judicial, siempre y cuando el objetivo fuera un extranjero en el exterior. Una vocera de la NSA aseguró al rotativo que estas actividades eran legales, ya que su objetivo no era recaudar inteligencia sobre estadunidenses sino sobre poderes extranjeros y sus agentes, organizaciones extranjeras, extranjeros o terroristas internacionales.

Expertos consultados por el Times indican que para lograr la meta del programa, lo más efectivo es recaudar casi todos los datos de texto que se transmiten a través de la frontera.

Mientras tanto, esta semana también se reveló que la División de Operaciones Especiales de la agencia antinarcóticos DEA utiliza inteligencia generada por la NSA, así como intervenciones de comunicaciones en este país, incluido un enorme banco de datos de registros telefónicos para armar casos criminales contra estadunidenses. El programa, revelado por la agencia Reuters, incluye instrucciones de cómo usar esta inteligencia para investigaciones pero después encubrir la fuente original de la información.

En esencia, un acusado de delitos relacionados con drogas ilícitas puede ser condenado con pruebas secretas que ni él ni sus abogados pueden revisar, ya que no están enterados de su origen y es información clasificada. Reuters reportó que abogados defensores y hasta ex jueces y fiscales opinan que ocultar pruebas de un acusado de manera sistemática viola la Constitución.

Casi todos los días se revelan nuevos detalles o programas de lo que parece ser un aparato de inteligencia masivo que tiene a su alcance, por lo menos potencialmente, toda comunicación cibernética y telefónica en este país. Aunque el gobierno de Obama ha repetido una y otra vez –el propio presidente lo hizo en un programa de televisión esta semana– que el gobierno no está escuchando o leyendo las comunicaciones de todos los estadunidenses, los nuevos detalles sólo arrojan más dudas sobre estos programas.

El gobierno de Obama ha defendido el uso de estos programas autorizados por la Ley Patriota. Ante ello, se recuerda el debate sobre la renovación de esta controvertida ley producto de los atentados del 11-S que tanto amplió el poder del gobierno para espiar a estadunidenses y al mundo.

En 2005 nueve senadores firmaron una carta criticando el proyecto de ley cuando éste se estaba renovando por sus insuficientes protecciones de las libertades civiles. En la carta, advirtieron que sin definir límites, el gobierno podría perjudicar a estadunidenses inocentes e insistieron en que el gobierno debería ser obligado a convencer a un juez de que los documentos que está buscando tienen alguna conexión con un sospechoso terrorista o espía, recuerda el Washington Post. Hoy día, el gobierno ha insistido en que toda comunicación telefónica es relevante a investigaciones antiterroristas.

Uno de esos senadores, junto con colegas que hoy día continúan criticando estos programas, promovió medidas para controlar y transparentar este tipo de programas de vigilancia entre 2005 y 2008. Entre éstas, promovió legislación para limitar la colección masiva de registros de llamadas telefónicas a casos muy específicos, algo que fue detenido por el gobierno de George W. Bush; también buscó limitar la capacidad del gobierno para recaudar comunicaciones de residentes en Estados Unidos, y deseaba obligar al Ejecutivo a reportar al Congreso cuántas comunicaciones estadunidenses habían sido recaudadas, así como informar a todo acusado antes de emplear pruebas obtenidas mediante los programas de vigilancia, según un recuento de Propublica. Todo esto se ha obstaculizado o rehusado hoy día por el gobierno.

El nombre del senador: Barack Obama.

Enlaces:

Los cables sobre México en WikiLeaks

Sitio especial de La Jornada sobre WikiLeaks