El hecho de que la mayoría de los asesinatos, desapariciones y encarcelamientos en contra de activistas tengan que ver con asuntos de defensa del medio ambiente comprueba que tanto el Estado como las empresas están dispuestos a aplicar una política de terror para continuar despojando a las comunidades de sus recursos naturales, afirmaron miembros de organizaciones sociales.

Entre las agresiones en contra de ambientalistas que tuvieron más eco –e incluso merecieron una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos– figura la de los campesinos ecologistas Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel, quienes fueron torturados y encarcelados en 1999 por miembros del Ejército.

Sin embargo, también pueden mencionarse los casos de Eva Alarcón y Marcial Bautista, quienes fueron desaparecidos en diciembre de 2011, y más recientemente el homicidio de Noé Vázquez Ortiz, ocurrido apenas el 2 de agosto pasado.

De igual manera, un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reveló que de 2006 a 2009 fueron asesinados al menos 11 ambientalistas, entre ellos Aldo Zamora, defensor de los bosques en el estado de México, y María Edy Fabiola Osorio, opositora a la construcción de un muelle en Acapulco.

A propósito de ello, Octavio Rosas Landa, integrante de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, señaló que los ataques reiterados contra los activistas que se oponen a minas, represas y otros megaproyectos similares dejan ver que las autoridades aplican una especie de terrorismo de Estado para continuar el despojo de los pueblos.

Lo que priva en todos estos conflictos es que el gobierno y las empresas llevan a cabo una cuidadosa ingeniería del conflicto antes de que se manifieste cualquier oposición a sus proyectos, para generar rencillas y divisiones y decir que el problema surgió por motivos personales, indicó el también académico de la UNAM.

Todo ello, añadió, está generando situaciones insostenibles que se van recrudecer, porque por un lado el gobierno mexicano promueve la impunidad para las empresas, otorgándoles privilegios, y por otro estamos perdiendo aceleradamente el agua, las tierras y los bosques.

Por su parte, Francisco Saucedo, del colectivo Proclama por el Rescate de la Nación, consideró que los ataques contra defensores del medio ambiente forman parte de un entramado mayor de criminalización de la lucha social, basado en el apoyo del Estado a los organismos empresariales que quieren hacerse de los recursos de los pueblos.

Las agresiones, además, son cometidas por grupos de civiles armados, de corte paramilitar, que suelen estar asesorados por la policía o las fuerzas armadas y se dedican a generar miedo o a cometer asesinatos o desapariciones de forma directa.

La pérdida de recursos naturales significa pérdida de soberanía. Por eso hay que señalar la importancia de defenderlos y no permitir que queden en manos de extranjeros que tienen recursos para poner de su lado a los políticos, enfatizó.