ras varios meses de postergaciones y anuncios en falso, el gobierno que encabeza Enrique Peña Nieto envió ayer su iniciativa de reforma constitucional para legalizar la participación privada en las industrias petrolera y eléctrica, cuya explotación está actualmente reservada de manera exclusiva a la nación.
La posición oficial en favor de la apertura energética se centra, como lo hiciera el régimen calderonista en 2008, en la pretendida necesidad de capitales para modernizar y expandir la industria petrolera. Para reforzar ese argumento, un reciente documento emitido por la Secretaría de Energía (Sener) plantea un diagnóstico casi catastrófico de la paraestatal. Tal discurso contrasta con el hecho de que Pemex es una de las empresas más rentables del mundo, y con sólo suspender el virtual saqueo fiscal que padece y combatir la corrupción directiva y sindical que la afecta contaría con los recursos suficientes para renovar su planta productiva y adquirir la tecnología que le permitiera mantener, e incluso ampliar, su producción actual.
La presentación de la iniciativa oficial ha ido acompañada de promesas numerosas, pero vagas, de mayor desarrollo económico, mejores sueldos, generación de más puestos de trabajo y, en general, mejoramiento de las condiciones de vida de la población.
Sin embargo, el proyecto ha sido objeto de señalamientos críticos. Los más relevantes se refieren a la cesión de control territorial a empresas energéticas trasnacionales, con los consiguientes riesgos para el estado de derecho y para la soberanía nacional y a los contratos de utilidad compartida
propuestos, los cuales implicarían privar al erario de una parte de la renta petrolera, que representa una porción sustancial del presupuesto público, con lo cual se afectaría la capacidad del Estado para invertir en educación, cultura, programas sociales e infraestructura. Asimismo, se cuestiona la perspectiva de que la carencia de recursos derivada de la privatización sea solventada mediante una reforma fiscal, ya anunciada, que incremente los impuestos –especialmente, el IVA– y las tarifas del sector público.
Por otra parte, como muestran diversos sondeos de opinión, la idea de privatizar parcial o totalmente la industria petrolera, suscita el rechazo mayoritario de la sociedad. En tal circunstancia, el proyecto de reforma constitucional referido ha sido disfrazado de una recuperación de ideas del general Lázaro Cárdenas, artífice de la expropiación petrolera de 1938. La publicidad oficial ha recurrido incluso a apropiarse de la consigna opositora no a la privatización
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Pemex no se privatiza
, reza el discurso, en lo que constituye una declaración tramposa, habida cuenta de que no es necesario convertir a la paraestatal en una entidad privada para transferir a manos de particulares tramos sustanciales de la industria petrolera. En efecto, en la lógica de la modificación legal propuesta, Pemex podría terminar como oficina pública encargada de asignar contratos de exploración, explotación, refinamiento y transporte a consorcios privados nacionales pero, sobre todo, extranjeros.
Se trata, pues, de una iniciativa vergonzante que no se atreve a enunciar su razón y su esencia verdaderas: la transferencia a manos privadas de una parte fundamental y estratégica de la riqueza pública del país y una operación sumamente lesiva para los intereses nacionales y populares.
