San Francisco, 12 de agosto.

El procurador general de Estados Unidos, Eric Holder, propuso hoy la reducción de sentencias con prisión mínima obligatoria a personas que cometan delitos menores vinculados con la posesión de drogas, que no tengan acusaciones de actos violentos ni nexos con organizaciones delictivas a gran escala.

La reforma planteada por Holder vendría a revertir una política en materia de justicia de la década los 80, cuando el gobierno conservador del presidente Ronald Reagan (1981-1989) intensificó la guerra contra las drogas, lanzada inicialmente por su antecesor en la Casa Blanca, Richard Nixon (1969-1974).

En un discurso ante la Asociación Estadunidense de Barras de Abogados, en San Francisco, Holder dijo que el objetivo es reducir la población carcelaria de Estados Unidos –la mayor del mundo– y manifestó su deseo de que el Congreso colabore en este plan de reducción de sentencias con prisión mínima obligatoria, establecidas en 1986 y 1988.

Mientras la población total de Estados Unidos creció 30 por ciento desde 1980, la población carcelaria aumentó 800 por ciento, dijo Holder en la alocución que recibió el respaldo inmediato del senador republicano Rand Paul, quien junto con su compañero de partido, Mike Lee, y los demócratas Dick Rubin y Patrick Leahy, presentó en la cámara alta un proyecto de legislación que tiene propósitos similares.

Estados Unidos representa cinco por ciento de la población mundial, pero tiene casi una cuarta parte de los prisioneros en el mundo (dos millones 200 mil individuos), dijo Holder, quien también sugirió liberar a algunos adultos mayores que han cumplido la mayor parte de sus castigos por delitos no violentos.

Tenemos que asegurarnos de que la cárcel se emplee para castigar, disuadir y rehabilitar, y no solamente para condenar, encerrar y olvidar, dijo el procurador, quien también recibió el apoyo de la Unión Americana por las Libertades Civiles, influyente organización de abogados.

Las sentencias con prisión mínima obligatoria limitan la capacidad de los jueces para imponer penas más cortas de forma discrecional, pero en caso de que la legislación cambie, los acusados ya no recibirían castigos en prisión que son más adecuados para delincuentes violentos o jefes del narcotráfico, explicó Holder.

En Nueva York, en tanto, la juez federal Shira Scheindlin emitió hoy un fallo en contra de la práctica regular de la policía de Nueva York de interceptar a personas que considera sospechosas de algún delito para llevar a cabo un registro personal, sin necesidad de una orden especial.

Esta práctica, conocida como detener y registrar, fue introducida por el alcalde Michael Bloomberg, quien asumió el cargo en 2002. La magistrada advirtió que con esa práctica la policía neoyorquina adoptó una política de discriminación racial indirecta, por lo que ordenó que el gobierno local adopte medidas de protección de los derechos y libertades de los ciudadanos, sin que la policía deje de aplicar registros al azar.