l presidente Enrique Peña Nieto presentó su propuesta de reforma energética en un momento muy delicado. Confluyen en la arena política un amplio rechazo ciudadano contra la privatización petrolera y un rizoma social opositor de gran calado en torno a cuestiones educativas, la devastación ambiental y la inseguridad pública.

Por si fuera poco, la situación económica se torna cada día más desfavorable. Las cifras de crecimiento económico para 2013 han caído de manera sostenida. El país acumuló 11 meses seguidos de desaceleración. El Banco de México prevé una baja del producto interno bruto (PIB) de entre 2 y 3 por ciento. La institución redujo su estimación sobre la generación de nuevos puestos de trabajo en 100 mil empleos. Grandes empresas despidieron durante el primer semestre de este año a más de 68 mil personas. La deuda pública se encuentra en su mayor nivel en el curso de este siglo. En los primeros seis meses de este año aumentó 950 millones de pesos diarios. Además, entre mayo y junio salieron de las arcas nacionales 178 mil millones de pesos, la más importante fuga de capitales en dos décadas.

Es cierto que el jefe del Ejecutivo cuenta en el Congreso con los votos necesarios para sacar adelante su reforma; sin embargo, tiene en contra a la opinión pública. Desde febrero pasado al menos tres encuestas muestran que más de la mitad de los mexicanos rechazan al capital privado en el sector energético. Los sondeos de opinión de Buendía y Laredo, del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, y de Parametría no dejan lugar a dudas en ello.

Hasta ahora, la oposición a reformar la Constitución en materia energética es, básicamente, una corriente de opinión. Pero conforme avance su discusión en las cámaras es muy probable que se transforme en una movilización política y social.

Quienes impulsan la reforma privatizadora apuestan a que su mayoría parlamentaria, los recursos que movilicen los poderes fácticos y el Pacto por México son factores suficientes para lograr su aprobación. Calculan que Andrés Manuel López Obrador está políticamente disminuido. Suponen que al no contar con los recursos de un partido político su capacidad de convocatoria y movilización es muy limitada.

Sin embargo, una cosa es que arriba se haya amarrado a la clase política y a los intereses en favor de la privatización y otra que abajo la situación esté bajo control. Basta con asomarse a lo sucedido en Guerrero a lo largo de este último año para comprender que las reivindicaciones, dinámicas y tiempos políticos del México de abajo no coinciden con las del México de arriba.

El rechazo a la privatización petrolera está vivo en la conciencia nacional-popular de amplios sectores de la población. Lejos de ser la reivindicación de una parte de la sociedad, atraviesa todas las clases y actores sociales. Por más que los neoliberales quieran presentar la defensa de la soberanía petrolera como una reminiscencia del pasado y un lastre para el crecimiento económico, quienes la defienden sostienen que es la palanca para el desarrollo del país de acuerdo con intereses verdaderamente nacionales. Aunque el gobierno argumenta que su reforma busca modernizar la industria, quienes se oponen a ella responden, con razón, que lo que se pretende es entregar una parte de la renta petrolera a empresarios trasnacionales.

Pero, además, en el México de abajo muchas cosas están desamarradas. El rizoma social crece horizontalmente emitiendo raíces y brotes de descontento. En el terreno de la enseñanza, cientos de miles de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación llevan meses movilizados frente a la contrarreforma educativa. Lejos de amainar con el paso del tiempo, la protesta se ha extendido a varias regiones. La pretensión de aprobar a fin de este mes las tres leyes secundarias en la materia, sin escuchar los señalamientos y reclamos del magisterio democrático, amenaza con provocar un pleito de pronóstico reservado.

En el mismo sector educativo se han producido protestas en las escuelas normales, la Universidad de la Ciudad de México, los CCH de la UNAM, el Colegio de Bachilleres, las escuelas de educación media superior del Distrito Federal e innumerables universidades públicas. Aunque varios de estos problemas han sido parcialmente solucionados o desactivados pueden resurgir en cualquier momento.

A lo largo de todo el país los afectados ambientales luchan por mantener bajo su control los recursos naturales que necesitan para su vida, frente a las amenazas de que pasen a servir a intereses empresariales. Las páginas de este diario se han llenado estos últimos meses con información sobre estos conflictos, y la saga trágica de asesinatos, desapariciones y encarcelamientos de quienes dirigen esta resistencia. El Tribunal Permanente de los Pueblos ha documentado más de 300 de estas luchas.

La crisis de la seguridad pública ha precipitado el surgimiento de policías comunitarias en, al menos, 14 entidades del país. Una encuesta de Parametría efectuada en febrero de este año concluyó que 57 por ciento de la población estaba de acuerdo en que las comunidades se organicen y conformen una policía propia para defenderse de la delincuencia. Los roces entre los grupos de autodefensa y el Ejército son cada vez más frecuentes, al tiempo que el malestar de las fuerzas armadas con esta situacón es cada vez mayor. Simultáneamente, se mantiene activa una persistente movilización de familiares de desaparecidos por la guerra contra el narcotráfico, que exige la presentación con vida de sus seres queridos.

Aunque cada uno de estos rizomas tiene su propia dirección, demandas y dinámica, existe la posibilidad de que converjan en las movilizaciones contra la privatización petrolera. Por principio de cuentas, ninguno de ellos apoya la reforma energética.

¿Saldrán adelante las reformas energéticas sin graves expresiones de inconformidad social? Pronto lo sabremos. Mientras, la confrontación social crece.

Twitter: @lhan55