La propuesta de reforma energética del gobierno federal es menos radical que la del Partido Acción Nacional (PAN) al proponer la firma de contratos con particulares para toda la cadena de producción de hidrocarburos, mientras los panistas plantean un esquema de concesiones a empresas privadas. No obstante, en ambos casos las iniciativas modifican la Constitución.

En tanto, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) no plantea cambios constitucionales. En un esbozo de su proyecto, ya que no lo ha presentado, se limita a sugerir para Petróleos Mexicanos (Pemex) un cambio en el régimen fiscal y autonomía presupuestal para la empresa paraestatal, entre otros aspectos.

Aunque las propuestas del presidente Enrique Peña Nieto y del PAN coinciden en reformar los artículos 27 y 28 de la Constitución para abrir más la participación de la iniciativa privada en el sector energético, tienen diversos matices.

Al firmar la iniciativa, Peña Nieto expuso que busca facultar al Estado para celebrar contratos de utilidad compartida que permitan mantener el control absoluto sobre el petróleo, mas no considera contratos de producción compartida.

La iniciativa blanquiazul, presentada el 31 de julio, sí permite a la Comisión Nacional de Hidrocarburos otorgar concesiones a los particulares para la exploración y explotación del petróleo y demás hidrocarburos. Incluso Peña Nieto en su discurso aseguró que contratar no era concesionar.

La iniciativa del mandatario federal deja algunas interrogantes, porque se limita a enunciar los cambios constitucionales y apenas da algunas líneas de lo que incluirán las leyes secundarias; mientras que el documento del PAN está mucho más acabado.

Aunque Peña cita varios puntos, no están contemplados en la iniciativa presentada y enviada ayer mismo al Senado, entre ellos, el nuevo régimen fiscal de Pemex, que aparecerá en la reforma hacendaria –misma que entregará presumiblemente en septiembre–; la restructuración de la paraestatal, y los mecanismos para garantizar transparencia y rendición de cuentas, así como una mayor autonomía de gestión.

Por su parte, el blanquiazul propone la creación de varios organismos autónomos, entre los cuales destaca uno denominado fondo mexicano del petróleo, que con personalidad jurídica y patrimonio propio tendría el objetivo de administrar la renta petrolera y conseguir su máximo beneficio.

En cuanto al pago, a los particulares que participen en la industria, ambos textos tienen puntos en común. Peña expone que la ley reglamentaria indicará mecanismos de pago en función de los recursos obtenidos por la exploración y explotación de hidrocarburos, ya sea en efectivo o equivalentes en porcentaje de los mismos.

Los panistas señalan en su iniciativa que los concesionarios nunca serán propietarios ni del petróleo ni de los hidrocarburos, pero sí recibirán una remuneración por las actividades que realizan a través de licitaciones públicas, en las que se determinarán los esquemas de contraprestación, tomando en cuenta para ello el riesgo, los precios del petróleo, el tipo de yacimiento y recursos que contengan, así como las necesidades de inversión.

En el terreno de la electricidad se dan algunas diferencias. En el proyecto de Peña la participación de particulares se circunscribe a la generación de energía eléctrica, mientras que la iniciativa de Acción Nacional va más allá al suprimir las restricciones para otorgar concesiones a particulares, nacionales y extranjeros, no sólo en la generación de energía eléctrica, sino también en su comercialización.

Los perredistas, al igual que Peña, plantean disminuir sustancialmente la tasa fiscal sobre producción petrolera, pues hasta este momento de cada peso que entra a la paraestatal destina 70 centavos al pago de impuestos y derechos que van a la Secretaría de Hacienda.